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El día que escribo este artículo, jueves 13 de noviembre, el salario de los trabajadores venezolanos del sector público es de 130 bolívares mensuales. Esa cifra se mantiene inamovible desde marzo de 2022. En aquel momento, los 130 bolívares equivalían a $31 dólares. Esta mañana, en las tablas de cambio que consulto, equivalen a $0,55 mensuales. Es muy probable que cuando este material llegue a los lectores, su valor haya disminuido todavía más. Debo advertir que el cálculo aquí señalado se basa en la tasa de cambio oficial, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela.
Esta aberración –porque no puede calificarse de otro modo– no es exclusiva de quienes realizan tareas básicas. También profesionales altamente especializados reciben pagas miserables. Por ejemplo: profesores universitarios devengan salarios mensuales de entre $2 y $5. Hay médicos que trabajan hasta 16 horas diarias en hospitales públicos, cuyo salario no llega a los $20 mensuales.
De esto trata, en lo primordial, la política del “presidente obrero” hacia los trabajadores: el de conducir a la totalidad de los empleados del sector público, especializados o no, no importa por cuánto tiempo hayan prestado sus servicios, a una condición real de empobrecimiento, es decir, de dependencia plena, absoluta y sin alternativas, de la dictadura madurista.
Ahora mismo, en una tabla recientemente publicada en El Estatista, en la que se comparan los salarios mínimos en América Latina, como es previsible, Venezuela ocupa el último lugar, dolorosamente lejos de Costa Rica ($725), Uruguay ($585), Chile (entre $504 y $565), Ecuador ($470), Guatemala ($467), México (entre $416 y $470), Paraguay ($370) y El Salvador ($365), entre otros. Resulta admirable la presencia en los primeros lugares de la lista de países que no son productores de petróleo como Costa Rica, Uruguay, Guatemala, Paraguay y El Salvador.
No faltará quien responda al escándalo implícito en estas cifras, con el argumento cierto de que la dictadura, en una estratagema salarial de quita y pon, arbitraria y discriminatoria, ha creado bonos que complementan la extrema precariedad de los salarios oficiales, usando el argumento, simplemente descabellado, de que esta modalidad contribuye a controlar la inflación.
Los bonos, en realidad, cumplen una función estructural de ofrecer un pequeño monto de dinero volátil sin incidencia en las prestaciones sociales, en los aportes a la seguridad social, en los pagos de vacaciones, tampoco en los aguinaldos decembrinos. Para la dictadura, los bonos representan el menor de los costos, el sumun de su política de desprecio hacia el trabajo, hacia el esfuerzo humano productivo.
Y es que, en realidad, los bonos de la dictadura son armas de coerción, de chantaje político: el dictador Maduro los concede o los quita a su antojo. Los bonos, además, no están protegidos ni garantizados por las leyes. Son instrumento característico del más perverso populismo: el que empobrece a la sociedad radicalmente, la conduce a un estado de profunda desesperación y, a continuación, le anuncia: aquí estoy con este bono salvador, con este bono paliativo que te permite sobrevivir; aquí he llegado con una bolsa de alimentos, que podrás recibir siempre y cuando te sometas a las obligaciones y deberes de lealtad con la dictadura: asistir a reuniones y concentraciones, firmar documentos y juramentos, usar el color rojo cotidianamente, gritar consignas, inscribirse en las milicias, pero sobre todo, no reclamar nunca, repetir que todo está bien, que los problemas existentes son causados por el Imperio. También el distribuidor de bonos pretende que, como prestación a su siniestra política, los beneficiarios denuncien a los propios compañeros que se quejan o formulan críticas a la dictadura.
Los bonos, y esto es fundamental, no constituyen un programa aislado. Son un elemento de un proyecto mayor, destinado a conducir a los trabajadores (“la clase obrera” en la demagogia del dictador), a un estatuto de absoluta impotencia política, social, gremial y económica. Al mismo tiempo, la dictadura crea mecanismos para imponer un régimen de implacable sometimiento.
Entre 2013 y 2024, más de 150 dirigentes sindicales fueron secuestrados, detenidos y hasta enjuiciados por exigir el cumplimiento de contratos colectivos y otros derechos de los trabajadores. Alrededor de 4.100 fueron golpeados, recibieron amenazas o no recibieron los bonos, por 2 o 3 meses, en castigo por protestar los salarios infames y las cada vez más indignas condiciones laborales. Debo añadir que, a pesar de la sistemática y brutal represión, en el periodo mencionado (2013 a 2024), los trabajadores han protagonizado casi 30.000 protestas, de distinto formato, en todas las regiones del territorio.
En poco más de una década, el dictador acabó con la mayoría de los sindicatos; metió en cárceles al liderazgo de los trabajadores organizados; destruyó la legalidad y la realidad de los contratos colectivos; borró las tablas salariales; hizo desaparecer los beneficios contractuales. Ni hablar del derecho a organizarse o a protestar: quienes lo hacen son desaparecidos, torturados y llevados a juicios absurdos, en que los jueces de la dictadura les imponen penas atroces.
Es a estos trabajadores debilitados, empobrecidos, hambrientos, enfermos, envejecidos y profundamente irrespetados, a quienes el dictador Nicolás Maduro, en un nuevo ataque de desesperación, ha llamado a declararse en “huelga insurreccional”, en el caso de que fuese derrocado. Dicha huelga, de acuerdo con su fantasía, no debería levantarse hasta que fuera restituido en el cargo. El dictador sueña con que las víctimas de su dictadura luchen para que, derribado, vuelva a ejercer su poder feroz e ilegítimo.
¿Cabe pronosticar algún éxito a su llamamiento? Ninguno. Al contrario, lo único que cabe esperar es que en el escenario de derrocamiento que Maduro imagina, los trabajadores salgan a las calles a celebrar con el resto de la sociedad.
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Miguel Henrique Otero es presidente editor del diario ‘El Nacional’, de Venezuela. Artículo reproducido por acuerdo con el Grupo de Diarios de América (GDA).
