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La provisión de servicios de infraestructura es clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y potenciar la competitividad del sector productivo. Pero estos beneficios deben ir de la mano con medidas que garanticen la transparencia y procuren cerrar cualquier portillo a situaciones que comprometen el buen uso de los recursos públicos y minan la confianza en el sistema.
En 2011, Transparencia Internacional publicó la última versión del Bribe Payers Index, en el cual se analizaron 19 industrias globales. La de construcción de obras públicas fue la peor evaluada en términos de propensión al pago de sobornos.
En este contexto, vale la pena plantear el siguiente decálogo de acciones simples pero determinantes para promover un sector de infraestructura pública más transparente y donde se genere confianza tanto para los ciudadanos como para las empresas participantes.
1. Política de Estado en infraestructura. Históricamente, hemos sido guiados por una visión cortoplacista que no permite dar continuidad a las políticas y proyectos. Esto se traduce en una urgencia constante por atender problemas que se pudieron haber solucionado años o incluso décadas atrás. Y esto no implica excusar conductas irregulares, pero sí que tengamos en cuenta que esto hace que en múltiples ocasiones el jerarca de turno sea quien debe asumir por su cuenta procesos y acciones que deberían ser parte de las tareas propias del andamiaje institucional. Por ejemplo, reparar una vía que colapsó por pobre mantenimiento o renovar o licitar el contrato de un servicio público clave, etc. Una política de Estado y mayor capacidad institucional nos permiten dejar de lado el desorden que genera el estar “apagando incendios”.
2. Facilitar el acceso a la información. En muchos casos, tanto para los ciudadanos como para las mismas autoridades de turno, se hace imposible conocer el avance real o la documentación de un proyecto de infraestructura. Esto limita la rendición de cuentas y el seguimiento de los procesos, pues hay que basarse incluso en mitos generados en la discusión pública. Por ello, es necesaria una gestión de la información y memoria histórica para que los distintos sectores de la sociedad civil puedan mantenerse informados y estén en condiciones de analizar y de cuestionar cuando sea necesario.
3. Preinversión, más que un requisito. Normalmente, damos poca importancia al rol fundamental de la preinversión de un proyecto (factibilidad, estructuración). Sin embargo, es necesario darle seguimiento no solo para cumplir el requisito de aprobación, sino para evaluar el desempeño de los proyectos una vez que son ejecutados. Desde Mideplán se podría solicitar y hacer pública una actualización expost de la evaluación económica y financiera con datos reales para determinar si se cumplieron los objetivos, y si los sobrecostos, atrasos u otras adendas condujeron a un proyecto que no generó valor. Esto permite corregir para el futuro y evita el estar tomando decisiones o aceptando cambios que deterioran el resultado para el Estado.
4. Documentos de licitación. Plantear modelos de referencia de carteles de licitación y contratos que consideren los elementos centrales de referencia que las potenciales empresas participantes se encontrarán en futuros procesos. De este modo se limita que los concursos puedan estar direccionados a uno o pocos participantes y se promueve una mayor competencia de mercado.
5. Educación en las cifras. Lo que no se mide no se controla. Y, a los ojos de buena parte de la ciudadanía y algunos tomadores de decisiones, existe poco conocimiento sobre el costo de proyectos de infraestructura, tanto que usamos casi que indistintamente cifras en colones o en dólares. Es importante educar a los diferentes actores para que se pueda dar una fiscalización cruzada, incluyendo a ciudadanos y comunicadores. Muchas veces, un proyecto de ¢600 millones suena muy grande y no lo es, o una adenda de un contratista por $10 millones de dólares suena poco, pero es muchísimo dinero.
6. Promover esquemas alternativos. Promover esquemas alternativos como las alianzas público-privadas (APP) y los esquemas ligados al mercado de valores, permite promover la participación de más actores (“más ojos” como es el caso de los financiadores) a la vez que, cuando se realizan emisiones en mercados de valores, la información financiera se hace pública. Eso sí, teniendo presente que estos modelos se deben ejecutar si y solo si generan eficiencia para el Estado.
7. Rotación de los supervisores. La sección del 203 of the Sarbanes-Oxley Act (Ley Federal para proteger a inversionistas en Estados Unidos) establece que los auditores de las empresas deben rotar cada cinco años. Esto, con el objetivo de garantizar independencia. Dicha regla debería implementarse del mismo modo en infraestructura, para evitar que supervisen proyectos empresas del mismo grupo económico y para garantizar que, en contratos de largo plazo, sea siempre un mismo supervisor el que realice dicha labor.
8. Conflictos de interés de consultores. La misma Sarbanes-Oxley Act en su sección 202 establece que los auditores deben revelar otras actividades que realicen con la empresa u otras del sector, con el objetivo de visibilizar conflictos de interés. Esto mismo debe aplicarse en el sector de infraestructura en todas las actividades, y la consultoría por parte de personas y empresas es una actividad de especial importancia. Todos los consultores deberían revelar potenciales conflictos de interés. No es adecuado estar representando al sector público por la mañana y a una empresa privada vinculada por la tarde. Esta es una práctica básica, por ejemplo, en las grandes empresas de auditoría y consultoría a nivel internacional.
9. Certificar proyectos. Existen iniciativas como la Certificación Blue Dot desarrollada por la OECD para garantizar la aplicación de los 20 Principios del G20 para Inversión en Infraestructura de Calidad. Esta incluye un componente anticorrupción y de promoción de la transparencia.
10. Defender los proyectos, no a los contratistas. Los gobiernos tendrán la voluntad de ir adelante con los proyectos, lo cual es muy bueno. Sin embargo, deben tener el cuidado de defender el proyecto, pero que eso no implique –aun sin quererlo– caer en una prisa que, en medio del desorden, termina eximiendo a contratistas o concesionarios de asumir la responsabilidad que el contrato le asigna.
De manera que son muchas las áreas en las que hay que trabajar y muchas las experiencias de las cuales aprender. Solo un proceso sostenido en el tiempo permitirá que contemos con un sector de obra pública que adopte las mejores prácticas y permita un uso eficiente de los limitados recursos públicos.
contacto@federicovillalobos.com
Federico Villalobos Carballo es economista especialista en infraestructura.
