Pocos eventos recientes son tan peligrosos como la agresión sufrida por una jueza de ejecución penal, hace unos días. Según la funcionaria, el atacante fue un vecino que, entre otras cosas, le reclamó por resoluciones que ha proferido y que fueron pública y reiteradamente repudiadas por Rodrigo Chaves.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia envió un comunicado de prensa en el que censuraba lo ocurrido y se solidarizaba con la empleada judicial. En la conferencia de prensa siguiente, Chaves no solo –para variar– le trasladó las culpas a Aguirre, sino que, además, lo llamó “bruto” y “criminal” porque –sostuvo– la ley le prohibía hacer ese tipo de manifestaciones.
El reclamo es falso; lo que un juez no podría es pronunciarse sobre un caso que deba resolver, algo que no pasará ahora porque el proceso se está llevando a cabo en sede penal. Por cierto, no deja de ser paradójico que el jefe de Estado se diera por aludido si el magistrado nunca lo mencionó a pesar de los antecedentes que rodearon el hecho.
Más allá de las imprecisiones o de la práctica de retorcer acontecimientos, estos cuatro años, los más mortíferos de nuestra historia, dejan también la normalización de una violencia verbal inédita venida desde Casa Presidencial. Llamar “bruto” o “criminal” al presidente de la Corte no tiene precedentes. Pero es que en la diana de Chaves han estado muchos cargos, todos cuya función constitucional es actuar como contrapesos del poder que representa el Ejecutivo. ¡Vaya casualidad!
El problema no es el desacuerdo; es la violencia. Las alusiones a aspectos físicos –como se hizo alguna vez con el exdirector del OIJ– o personales –como hacer mofa del nombre de alguien– son crueles, y siempre serán innecesarias. Una suma de palabras ramplonas y añejas propias de colegiales acosadores de los años 90 e impensable en líderes solventes y con un cierto talante intelectual y espiritual.
Este país no puede acostumbrarse a vivir en una sociedad intoxicada. Como generación, recibimos una democracia imperfecta pero funcional. Habría que preguntarse si degradarla a ese ritmo es lo que queremos entregar a quienes vengan después.
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Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.
