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La victoria electoral de Laura Fernández representa a priori, sin duda, la continuidad política del chavismo. No solo porque así lo prometió durante la campaña, sino porque así lo entendió buena parte del electorado: como la prolongación de un estilo de liderazgo, de una narrativa política y de una promesa de orden frente a un país cansado de la lentitud institucional.
Sin embargo, la continuidad es una palabra engañosa. Continuar no siempre significa gobernar. A veces significa, simplemente, prolongar una inercia.
El principal desafío de Laura Fernández no es administrar la herencia política de Rodrigo Chaves. Es decidir si su presidencia será recordada como una extensión de ese ciclo o como el momento en que decidió construir una dirección propia para el país.
Porque si la continuidad se limita al tono confrontativo, al personalismo político o a la centralidad del relato sobre los resultados, Costa Rica podría entrar en un periodo de repetición estéril. El país no necesita un gobierno que administre el clima político heredado. Necesita un gobierno que reconstruya capacidad pública.
Costa Rica enfrenta hoy desafíos estructurales que ningún discurso puede resolver por sí solo, sin contenido. La crisis de seguridad, el deterioro educativo, la pérdida de confianza institucional y el debilitamiento de ciertos consensos democráticos no son problemas de comunicación política. Son problemas de Estado.
Si Laura Fernández aspira a ser algo más que la administradora de una continuidad, tendrá que demostrar que puede gobernar en ese terreno más difícil: el de la construcción institucional.
Más allá de la confrontación
Eso implica, en primer lugar, abandonar la tentación permanente de la confrontación política como método de gobierno. La relación entre poderes del Estado no puede seguir siendo una guerra discursiva permanente. Esto agota a la institucionalidad y a las personas. Costa Rica ha sido históricamente una democracia de negociación, de equilibrios y de contrapesos. Gobernar no consiste en neutralizar esos contrapesos, sino en trabajar con ellos.
Pero también implica algo más profundo: recuperar el horizonte normativo que ha definido históricamente a Costa Rica en el mapa global.
Durante décadas, el país construyó su identidad frente al mundo alrededor de tres pilares: el derecho internacional, los derechos humanos y la protección del ambiente. Esa combinación –a veces subestimada dentro del nuestro propio país– le permitió a Costa Rica proyectar una influencia diplomática muy superior a su tamaño.
Ese capital no es retórico. Es estratégico.
En un mundo cada vez más marcado por la competencia geopolítica, por el debilitamiento del multilateralismo y por la tentación de soluciones autoritarias frente a problemas complejos, los países pequeños no sobreviven por su fuerza militar, sino por su legitimidad internacional.
Costa Rica entendió esto hace más de 70 años, cuando abolió el Ejército y apostó por el derecho internacional como marco de su seguridad. Aquella decisión no fue ingenua, y no se instaló en el imaginario por ser “amantes de la paz”. Fue una decisión profundamente política.
Hoy, esa misma lógica debería orientar la acción del nuevo gobierno.
La ratificación de instrumentos ambientales regionales (recuperar el Acuerdo de Escazú, por ejemplo), la defensa del derecho internacional humanitario, la protección de los derechos humanos y el liderazgo climático no son causas idealistas. Son instrumentos de poder para un país sin Ejército, pero con una enorme tradición diplomática.
Si Laura Fernández decide reconstruir esa proyección nuevamente, podría fortalecer uno de los activos más importantes de Costa Rica en el escenario global.
Lo mismo ocurre con la política ambiental. Durante décadas, la protección del ambiente no fue solo una política pública en Costa Rica: fue una visión de desarrollo. El país entendió antes que muchos que la biodiversidad, la conservación y la sostenibilidad podían convertirse en motores económicos y en fuentes de prestigio internacional.
Hoy, cuando la crisis climática redefine la política global, ese camino vuelve a ser estratégicamente relevante, además de su importancia ética y moral.
En otras palabras, el reto del nuevo gobierno no es simplemente administrar el presente político del chavismo. Es decidir si Costa Rica seguirá siendo reconocible como proyecto histórico.
Gobernar un país no es prolongar una narrativa electoral. Implica asumir la responsabilidad de su dirección.
Y, en ese sentido, la pregunta que marcará la presidencia de Laura Fernández no es si continuará el ciclo político que la llevó al poder.
La pregunta es si tendrá la voluntad –y la visión– de ir más allá de él.
JOSEDANIEL.RODRIGUEZ@ucr.ac.cr
José Daniel Rodríguez Arrieta es politólogo, M. Sc. en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).
