Trámites, permisos, infraestructura cantonal, servicios municipales y transformación digital son variables que inciden directamente en los costos de producir, de invertir y de vivir en un territorio.
La evidencia del Índice de Competitividad Nacional muestra que las diferencias en el desempeño entre cantones no se explican únicamente por su dotación de recursos o por su ubicación geográfica, sino por las capacidades institucionales locales.
Cantones con marcos regulatorios más ágiles, mejor ejecución presupuestaria y mayor madurez digital tienden a ofrecer entornos más favorables para la actividad económica, aun cuando enfrentan restricciones estructurales similares a las de otros territorios.
La competitividad territorial no depende exclusivamente de grandes proyectos nacionales ni de reformas legales de alto perfil. Depende, en buena medida, de procesos administrativos cotidianos: cuánto tarda en tramitarse un permiso de construcción, cuán predecibles son las reglas municipales, cómo se mantienen las vías cantonales y cuán accesibles son los servicios públicos locales.
La fragmentación de la gestión pública agrava este problema. Cuando las políticas nacionales no se articulan con capacidades locales suficientes, los resultados se diluyen. Programas bien diseñados a nivel central enfrentan cuellos de botella al aterrizar en territorios con limitaciones técnicas, financieras o de gestión.
La consecuencia es una brecha persistente entre la intención de la política y su impacto real. Fortalecer la competitividad requiere, por tanto, una lógica de gobernanza multinivel que alinee incentivos, capacidades y mecanismos de seguimiento entre el Gobierno Central y los gobiernos locales.
Sin capacidad de ejecución territorial, ninguna estrategia nacional escala. Los planes, las metas y los indicadores solo se convierten en desarrollo cuando se integran en procesos eficientes y medibles.
affa17@gmail.com
Andrés Fernández Arauz es economista.
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