La Superintendencia de Pensiones (Supén) supervisa más de 50 fondos con recursos administrados equivalentes al 50% del producto interno bruto (PIB), cuyo objetivo es garantizar a los afiliados el derecho fundamental a la pensión para asegurar la protección económica en la vejez.
Velar por el derecho a la pensión no es una tarea sencilla, dado que supone la ejecución de muchos procesos, como gestión de inversiones, afiliación, recaudación, otorgamiento y caducidad de beneficios, entre otros, todo con el apoyo de sistemas informáticos que comprenden otros riesgos (operativos, de ciberseguridad). Además, se debe evitar que se materialicen eventos desfavorables desde que se recibe el primer aporte del trabajador hasta que se pague la última mensualidad al pensionado o a sus herederos, ciclo que puede superar los cien años.
A escala internacional se han identificado problemas financieros en el sector de las pensiones que resultan de controles bajos o inexistentes en el manejo del riesgo. Por esta razón, es un campo sumamente regulado tanto nacional como globalmente.
El país también experimenta los efectos desfavorables de la ausencia de regulación, como fue la acumulación de un déficit actuarial del tamaño de tres veces la economía en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), único fondo que actualmente no es regulado por la Supén.
Lo mismo sucedió con el fondo de pensiones del Poder Judicial, que alcanzó un déficit actuarial de ¢5,5 billones en el 2015, cuando no era regulado por la Superintendencia, y que desde su fiscalización se logró reducir considerablemente.
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Medidas de prevención
Después de la crisis del 2008, las buenas prácticas en materia de supervisión pusieron su foco de atención en generar procesos para el manejo de riesgos dentro de las propias entidades reguladas. La idea es desarrollar una cultura de gestión integral de los riesgos, que se inicie en la parte operativa del negocio a fin de prevenir que se materialicen daños que afecten a los afiliados.
A esto se le suma una unidad especializada en la materia, que busca que todos los riesgos relevantes del negocio se encuentren identificados y valorados, así como la auditoría interna del fondo de pensiones, que vela por la mejora continua y el control interno en los procesos. Estas actividades o líneas de defensa operan de forma complementaria bajo la vigilancia de la alta gerencia y la junta directiva.
El resultado esperado de lo anterior es que las entidades supervisadas sean capaces de identificar, evaluar, monitorear, gestionar e informar a sus afiliados sobre los riesgos a corto, mediano y largo plazo a los que se enfrentan los fondos de pensiones, además de determinar la reserva y los flujos de caja necesarios para asegurar que los fondos cumplan con sus obligaciones financieras y así obtener la protección económica de los afiliados en la vejez.
Para lograr que esta cultura tome vida en el gobierno corporativo de las entidades supervisadas, en los últimos dos años la Superintendencia realizó visitas a todos sus fondos regulados, así como al RIVM en las actividades actuariales y gestión de activos, al ser las únicas que se permite supervisar.
Como resultado de estas visitas, se establecieron planes de acción en relación con las oportunidades de mejora identificadas, sobre las cuales se ha avanzado en su mayoría según lo previsto. Asimismo, se lleva a cabo un monitoreo y seguimiento constantes, incluidos el análisis de la información demográfica y financiera de los fondos y la ejecución de visitas de supervisión temáticas acordes con la evolución de los riesgos.
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Para la Superintendencia de Pensiones (Supén) no es posible concluir que los rendimientos reales negativos sean consecuencia de una deficiente gestión de los administradores. (Shutterstock)
Lecciones aprendidas
A partir de este ejercicio continuo, para la Superintendencia no es posible concluir que los rendimientos reales negativos mostrados en lo que va del 2022 para todos los fondos supervisados, tanto los básicos como los complementarios, sean consecuencia de una deficiente gestión de los administradores.
Adicionalmente, es necesario recordar que los fondos de pensiones regulados invierten en activos financieros de oferta pública, negociados en mercados autorizados que cumplen con estándares internacionales, tanto local como internacionalmente, y cuya clasificación contable se realiza de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Debido a su naturaleza de mejora continua, es posible que la supervisión incorpore nuevas lecciones aprendidas a raíz de la actual crisis geopolítica y financiera. Preliminarmente, una lección es la necesidad de establecer canales de comunicación y educación previsional directa entre los fondos de pensión y sus afiliados, no solo para informar a estos últimos de su entorno y la toma de decisiones, sino también para que, efectivamente, comprendan el negocio de las pensiones y valoren críticamente la gestión de sus recursos, con el propósito de asegurar su protección económica en la vejez.
En el futuro, la labor de la Supén seguirá desempeñando un papel estratégico en las reformas que permiten contar con un sistema multipilar referente a escala mundial, construido con ajustes graduales y complementarios en los últimos 70 años, por lo que es fundamental mantener la senda reformista a la luz de las tendencias seculares, tales como el envejecimiento de la población, la automatización del trabajo, la mitigación y adaptación al cambio climático y la inestabilidad causada por la fragmentación comercial y geopolítica.
Por otra parte, una condición necesaria, pero no suficiente para atender estos retos, es buscar una solución duradera al problema actuarial del RIVM, que depende de sacarle la provisión de pensión mínima a este régimen, de forma que se cree un vínculo más fuerte entre las pensiones otorgadas y los aportes capitalizados.
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Diversificación
Complementariamente, para evitar mayor presión sobre el IVM, es preciso apoyar los esfuerzos de la Superintendencia por resguardar el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), tarea que no es sencilla en épocas convulsas como la presente, en que ha habido retiros masivos de fondos de pensiones en países como Chile y Perú, a pesar de las advertencias de expertos internacionales respecto de las consecuencias que estas acciones tendrán sobre los ingresos de los futuros pensionados.
Por último, la Supén se unió al llamado de diferentes actores para desarrollar el mercado financiero local, de forma que existan mayores oportunidades de inversión para los fondos de pensiones.
Para esto, un factor vital es que el Ministerio de Hacienda mantenga su sendero de sostenibilidad financiera actual para no limitar indirectamente otros proyectos que puedan nacer en el sector privado, como por ejemplo la titularización de hipotecas, que tiene el potencial de ofrecer a las personas más opciones para contar con vivienda propia.
La autora es superintendenta de pensiones.