La responsabilidad de formar informando

Ciertamente, el riesgo de la noticia falsa, exagerada e irresponsable, siempre existe y, por eso, en un sistema democrático como el nuestro, debe rescatarse el aporte serio y consciente de aquello que construye patria, como las causas que rescatan la justicia y las reivindicaciones en materia de derechos humanos, por citar un par de ejemplos.

Además, la democracia se nutre de la información cuando esta es seria, veraz; y cuando se da con transparencia, en franca rendición de cuentas.

Sin estas condiciones, la información fácilmente se convierte en mentira y en oportunismo; y el espectro democrático se desdibuja al mismo tiempo que la legitimidad entra en crisis. Por eso, el papel de la prensa seria es determinante para la vivencia democrática, como instrumento de información, como formador de opinión pública y catalizador de la inquietud ciudadana para la legítima exigencia de la justicia.

En los últimos días, gracias a la labor de esa prensa responsable, hemos visto los primeros hallazgos del caso Cochinilla, y presumimos que habrá muchos más. Sin embargo, es justo rescatar que, en el caso de La Nación, desde el 2017 viene acercando su investigación periodística a lo que finalmente resultó ser un caso de corrupción a una escala enorme… y que aún tiene mucho margen para crecer.

En ese año, este medio de comunicación denunciaba una «pifia» de 80 metros en el diseño del tramo que conecta la principal carretera hacia el Atlántico con el megapuerto de Moín, el cual impedía conectar la carretera con la principal entrada de la terminal de contenedores. Ese error costaba $14 millones al pueblo.

Se comprobó que fue una «pifia planificada» y ahora —en perspectiva— entendemos que ese era solo un pequeño ejemplo de la forma como aparentemente operaban las empresas cuestionadas en el caso Cochinilla, y de las autoridades públicas que —con sus decisiones en la institucionalidad— supuestamente instrumentalizaron sus puestos para legitimar una y otra vez un modus operandi delictivo, de vergonzoso saqueo de los recursos públicos y de absoluta lesión para el pueblo costarricense.

Lo que sucede es una vergüenza. Mientras muchos derechos humanos se postergan en la política pública, por falta de fondos y de presupuesto, llevamos años de probable fuga de dinero en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que pertenece a todas las personas contribuyentes que pagan sus impuestos puntualmente. Ahora, ha salido a la luz que ese dinero, presuntamente, financió durante años un aparente fraude descomunal.

Pero señoras y señores, de nada nos hubiésemos dado cuenta sin la labor de la prensa. Sin el empeño investigativo de La Nación, por ejemplo, posiblemente nada se habría denunciado y poco sabríamos de los entretelones existentes a lo largo de tantos años entre el Conavi, distintos líderes políticos en puestos claves y las empresas investigadas.

Tal debacle moral pone en entredicho los controles que se presumen y que deben ser garantes dentro de la Administración Pública para llevar a buen puerto el uso del dinero de las personas contribuyentes; pone en entredicho la solvencia moral de nuestras instituciones, en virtud de quienes llegan a ellas a servirse y no a servir; hace dudar de la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública; y, finalmente, hace tambalear la credibilidad en un sistema democrático que queda tan gravemente lesionado por quienes estaban llamados a fortalecerlo.

Desde la trinchera de los derechos humanos, felicitamos las acciones contundentes de la prensa, que con sus hallazgos han facilitado la labor del sistema judicial costarricense en el reciente caso Cochinilla.

Eso nos invita a seguir creyendo en la democracia y a apostar por la fortaleza de la prensa como instrumento para conocer, construir, formar y fortalecer los pilares democráticos costarricenses.

La autora es defensora de los habitantes.