En su informe Fiscal Guardrails against Rising Debt (2025), el Fondo reconoce que los marcos excesivamente estrictos pueden ser procíclicos y perjudiciales para la inversión social. Propone pasar a un enfoque “basado en riesgos”, donde las reglas fiscales se calibren según la capacidad real de deuda y el impacto del gasto en desarrollo, no mediante límites automáticos y ciegos.
Aún más contundente, el Fiscal Monitor 2025, del propio FMI, muestra que reasignar apenas 1% del PIB desde gastos de bajo impacto hacia educación o infraestructura podría aumentar la producción hasta 6% en 25 años y reducir la desigualdad.
En otras palabras, invertir en educación no debilita la sostenibilidad fiscal: la fortalece. La eficiencia del gasto no se logra reduciendo recursos en sectores estratégicos, sino reasignándolos hacia donde generan mayor retorno económico y social.
Costa Rica, sin embargo, avanza en sentido contrario. Mientras el FMI insta a los países a fortalecer la inversión pública de alto impacto, el país la frena por diseño. La regla fiscal impide que la educación crezca siquiera al ritmo del PIB, una imposibilidad matemática para alcanzar el mandato constitucional del 8%. El resultado es predecible: más superávit primario, menos infraestructura, menos becas y un rezago creciente en calidad educativa.
El Fondo propone modernizar la disciplina fiscal, no abolirla. Sus nuevos informes insisten en combinar responsabilidad macroeconómica con visión estratégica del gasto. Persistir en una regla que impide crecer donde el país más lo necesita es económicamente ineficiente y socialmente miope. La disciplina fiscal no debería ser sinónimo de inmovilidad. Un marco basado en eficiencia y prioridad del gasto permitiría compatibilizar sostenibilidad con desarrollo humano.
affa17@gmail.com
Andrés Fernández Arauz es economista.
Escuchar
