En la primera entrevista, Acosta explicó con claridad cómo, al detectar que el presupuesto 2022 excedía el límite de la regla fiscal, dio una orden directa: “Recorte el presupuesto”. Agregó que lo hizo “a todos los ministerios en la misma proporción, 1,68%”, y defendió que el dinero “alcanzó”.
Sin embargo, omitió decir que ese ajuste significó miles de estudiantes sin beca, cientos de centros educativos sin mantenimiento y decenas de miles de millones sin ejecutar en programas sociales clave.
También acomodó el dato del acuerdo con el FMI: no era destinar el 1,6% del PIB a gasto social, como dijo, sino “al menos 1,9%”. No fue una corrección técnica: fue una decisión política. En la entrevista del 28 de agosto, el tono cambió. Acosta se presenta como economista preocupado por el contrato social y la educación: “Hemos abandonado nuestras obligaciones de pensar en el futuro”. Pero niega haber recortado el gasto.
“Si usted lo toma en términos nominales, no se ha recortado ningún gasto”, afirma. Esa frase lo delata. Solo un análisis superficial ignora la inflación: según el 'Décimo Informe del Estado de la Educación‘, el presupuesto educativo 2025 es apenas el 85% del que se ejecutaba en 2018, en términos reales. Es decir, se ha recortado un 15%. Lo dice la evidencia.
Además, el exministro afirma que “este es el gobierno donde empieza a subir el presupuesto para sectores sociales, particularmente DESAF”. Pero los datos lo contradicen. Entre 2020 y 2024, el Ministerio de Hacienda –bajo su liderazgo en tres de esos años– dejó de transferir ¢236.000 millones a Fodesaf, incumpliendo la ley.
Discutir el presupuesto no fortalece a quien lo recortó. Lo que fortalece a una democracia es la rendición de cuentas, el respeto a la Constitución y la coherencia entre el discurso y los hechos. El legado de un ministro no se defiende con posverdad, sino con responsabilidad real.
affa17@gmail.com
Andrés Fernández Arauz es economista.
Escuchar
