Nos destacamos como pueblo en América Latina y el resto del mundo gracias a una larga y sostenida política social progresista. No es el único factor, pero sí uno determinante. A pesar de errores y desafíos en múltiples ámbitos, seguimos siendo una sociedad ejemplar.
Y no exagero. Al evaluar el bienestar y el desarrollo, debe tenerse una perspectiva integral y no de retazos, basada en las últimas impresiones y noticias, ciertamente desagradables que reflejan hechos inaceptables que no deben quedar impunes.
El fin esencial de la política social, en el marco de otras políticas públicas, debe ser la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza en general y de la desigualdad del ingreso y de la riqueza. Esto, mediante oportunidades para surgir con esfuerzo propio, por medio de iniciativas privadas o el desempeño responsable en empleos decentes.
El desempleo actual, cerca del 10 %, es demasiado elevado. Como creador de empleo por excelencia, es necesario incentivar permanentemente al sector productivo, incluyendo el de servicios. Nuestro país así lo ha entendido a lo largo de la historia.
Se ha logrado compatibilizar el fomento de la inversión y la actividad privada y la acción pública para apoyarlas, junto con una política social que complementa e intenta corregir las carencias que las primeras van dejando en el camino.
Esa visión política del desarrollo nacional nació con la independencia y ha sido ejecutada por los gobiernos con éxito desigual. Para sistematizarla y apreciarla mejor, es útil distinguir entre la que tiene impacto sistémico, es decir, aquellas acciones que influyen en otros ámbitos importantes para el desarrollo sostenible, de las que tienen impacto específico. De seguido una muestra:
Políticas con impacto sistémico. Gobierno de Jesús Jiménez Z. 1868-70: declaratoria y ejecución de obligatoriedad y gratuidad financiada fiscalmente de la educación pública, 1869.
Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia 1940-44: promulgación del Código de Trabajo, creación de la CCSS, fundación de la UCR.
Abolición del ejército, derecho de voto a las mujeres, creación del ICE, INVU, IMAS, ITCR, UNA, sólido fortalecimiento y ampliación de la UCR, Todo esto en los tres gobiernos presididos por José Figueres Ferrer.
Ley de Protección y Desarrollo Industrial, 1959, gobierno de Mario Echandi.
Incorporación efectiva al MCCA, creación del INA y el ITCO, gobierno de Francisco Orlich, 1962-66.
Creación de Asignaciones Familiares y Fodesaf que se convertirá en fuente financiera de múltiples medidas de progreso social, destacando los CEN-Cinái, creación de la UNED, fundación de la UACA, primera universidad privada del país, gobierno de Daniel Oduber, 1974-78.
Ley para el equilibrio financiero del sector público, gobierno de Luis A. Monge, 1982-86. También inaugura modelo neoexportador y codifica incentivos tributarios, manteniendo medidas para financiar los CEN-Cinái y programas sociales por medio de Fodesaf.
Aprobación Plan Arias para la Paz en Centroamérica, creación de la Sala IV, el Banhvi y el bono de la vivienda, fundación de la UTN, gobierno Óscar Arias 1986-90, 2006-10.
Ingreso de Costa Rica al GATT (hoy OMC), gobierno Rafael A. Calderón F. 1990-94.
Instalación de Intel y creación del conglomerado de alta tecnología; creación del Cenat, inicio de los Ebáis y construcción de más de 400, gobierno de José María Figueres, 1994-98.
Aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, gobierno Miguel A. Rodríguez, 1998-2002.
Creación Red de Cuido, gobierno Laura Chinchilla, 2010-14.
Estas acciones son columna vertebral para la convivencia y progreso del país. Muchas son pioneras en la región y el mundo.
Medidas de carácter social. Entre el conjunto de medidas de carácter sectorial o menor impacto sistémico y que vistas en conjunto son determinantes, sin ser exhaustivos, destacan:
Creación del Banco Nacional, gobierno González Flores; fundación del INS, gobierno Ricardo Jiménez; fundación del Banco Central, gobierno Ulate Blanco; fundación Movimiento Nacional de Juventudes, instalación de Recope, construcción del Hospital de Niños, gobierno Francisco Orlich; creación del Banco Popular, fundación de Dinadeco, Ley de Asociaciones Cooperativas, Ley del Seguro Integral de Cosechas, gobierno José J. Trejos. En el tercer gobierno de José Figueres se dio la fundación del Ministerio de Cultura, la Sinfónica Juvenil, el Infocoop y el Conicit.
Gobierno Daniel Oduber: creación del Sinart, Conare y Conape; establecimiento de pensiones no contributivas, iniciativa del diputado Calderón Fournier y financiamiento del Fodesaf. Universalización de la seguridad social: iniciativa del diputado Enrique Obregón V. 1961, traspaso de hospitales a la CCSS.
Ley de Asociaciones Solidaristas, gobierno Monge Álvarez 1982-86. Ley de Igualdad Real de Derechos para la Mujer, gobierno Arias Sánchez 1986-90.
Gobierno de José María Figueres 1994-98: Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, Ley 7600 de Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, Ley 7621 reforma art. 95 Código de Trabajo que transforma incapacidad por maternidad en licencia obligatoria y remunerada, otorga el mismo derecho a madre adoptiva, pensión para personas con discapacidad y dependientes, creación de Fonabe, la Ley general de atención a la madre adolescente y la creación del Inamu.
Ley de atención a mujeres en condiciones de pobreza, Ley de la Persona Adulta Mayor, gobierno Rodríguez Echeverría 1998-2002. Programa Comedores Escolares: consolidación, años 70 siglo XX (gobierno Oduber Q.). En el 2007, inicio del programa actual, gobierno Óscar Arias.
Creación del programa Avancemos para combatir deserción escolar, gobierno Óscar Arias. Introducción curso Educación para Afectividad y Sexualidad Integral, tercer ciclo, gobierno de Laura Chinchilla, 2010-14.
Gobierno Solís Rivera: el programa Puente al Desarrollo es el aporte más destacado del gobierno en el campo social; aunque es temprano para un análisis profundo, experiencias similares en Chile y otros países hacen prever su eficacia para enfrentar la reducción de la pobreza extrema, dada su innovadora metodología. También en esta administración se aprueban la reforma procesal laboral y la adopción del Acuerdo de París.
Conclusiones.Una vez hecho el repaso e inventario, necesariamente no exhaustivo, pero representativo, de la política pública desarrollada por gobiernos nacionales a lo largo de más de un siglo, puede arribarse a varias conclusiones:
Hay un contínuum de progreso que ofrece un panorama distinto al que con ligereza extrema presentan algunos sobre nuestro país y que ha ido convirtiendo al costarricense medio en una persona cínica y descreída sobre su país. Claro que el texto es meramente descriptivo y al profundizar en cada una de las áreas impactadas por estas acciones aparecerán manchas y rezagos. Toda acción es perfectible y más un conjunto acumulativo.
Evidentemente, hay avances a lo largo de las décadas, pero también es claro que hay algunas en las que los logros son cuantitativa y cualitativamente mayores. Una de ellas es la del inicio y el final de los años cuarenta y la de los años setenta del siglo pasado. Pero también es cierto que aun en períodos de crisis económica general (inicio de los 80) o de reducción de tasas de crecimiento económico, por ajustes necesarios en los balances fiscal y externo, el país siguió realizando progresos sociales importantes, como fue en los 90.
La voluntad de progreso social ha sido parte del ethos nacional. Múltiples fenómenos y factores, acumulados a lo largo del tiempo, han venido debilitando, sin embargo, esa voluntad. También ha influido una cultura más hedonista, que se ha expandido globalmente.
Países pequeños como el nuestro no pueden resolver solos el dilema de lograr bienestar para todos sin hacer crecer su economía cada vez más aceleradamente. Este es un reto que, como el del cambio climático o el narcotráfico, solo tiene solución global. Pero sí podemos actuar inteligentemente para tener éxitos locales que nos acerquen a esos ideales.
Mirando al futuro, el país urge de gobiernos bien estructurados, que trabajen como equipo, que construyan sobre lo ya logrado y que posean la capacidad de negociación y ejecución que los desafíos actuales demandan.
El autor es economista.