La pandemia provocó uno de los mayores shocks educativos de la historia reciente. Costa Rica no fue la excepción y, más bien, fue uno de los países de la OCDE que más tiempo mantuvo cerrados sus escuelas y colegios.
Según datos de la propia organización, hacia marzo de 2021, el país acumulaba cerca de 179 días lectivos perdidos en primaria y 175 en secundaria superior, muy por encima del promedio de la OCDE, que rondaba los 58 y 64 días respectivamente.
Ese dato importa. Y mucho. Porque ayuda a explicar parte del enorme rezago educativo que afronta el país hoy. De hecho, la propia OCDE detectó que los sistemas educativos con peores resultados académicos antes de la pandemia también tendieron a mantener sus escuelas cerradas durante más tiempo. Costa Rica apareció entre los casos más extremos de esa combinación.
Negar ese impacto sería absurdo. Pero cuatro años después, la discusión educativa ya no puede limitarse únicamente a describir el daño inicial. También debe incluir una pregunta más incómoda: ¿cuán capaz fue el sistema educativo de recuperarse? En diciembre de este año se conocerán los resultados de las pruebas PISA 2025.
Desde ya, el Ministerio de Educación ha insistido en que esos estudiantes arrastran las consecuencias de la pandemia. Y es cierto. Un joven de 15 años, evaluado en PISA 2025, cursó los últimos años de primaria durante la emergencia sanitaria y luego ingresó a secundaria con rezagos acumulados. Sin embargo, también es cierto que ese mismo estudiante cursó prácticamente toda su secundaria entre 2022 y 2025. Es decir, bajo el gobierno anterior.
Por eso, PISA 2025 no solo medirá los efectos de la pandemia. También medirá la capacidad de recuperación del sistema educativo costarricense en los años posteriores. Ahí es donde la discusión cambia. Porque si otros sistemas educativos logran mejorar entre PISA 2022 y PISA 2025, entonces la explicación ya no puede ser únicamente el shock inicial.
La diferencia pasa a estar en la capacidad institucional para corregir rezagos, fortalecer aprendizajes y priorizar la recuperación educativa. Y esa discusión es especialmente importante porque el propio MEP continúa presentando diagnósticos preocupantes.
A finales del mes de mayo, informó de que apenas dos de cada diez estudiantes evaluados alcanzaban niveles avanzados en Matemáticas. Los rezagos siguen ahí. Persisten después de años de normalización del curso lectivo y de múltiples cambios en la evaluación, la promoción y la recuperación académica.
La pandemia explica el golpe inicial. Pero después de cuatro años, ya no basta por sí sola para explicar la falta de recuperación. Eso no significa ignorar la magnitud de la crisis educativa. Significa reconocer que gobernar también implicaba corregirla. Y precisamente eso formará parte de lo evaluado en la prueba PISA 2025.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
