La diputada Ivonne Acuña Cabrera actúa como los políticos comunes: retuerce el mensaje. En un video enviado desde Estados Unidos, alega que las múltiples noticias sobre sus ausencias desde diciembre, con salario pagado más el gasto de ¢3 millones en combustibles, el 30 de noviembre, son “equivocadas, tendenciosas e imprecisas”. O sea, culpa de la prensa.
La legisladora, sin embargo, no da explicaciones concretas a los ciudadanos que financian su salario y sus gastos. Evade dar detalles y tampoco concede una entrevista con un formato de preguntas y respuestas —ni siquiera virtual— para que un periodista la cuestione sin restricciones.
Mientras no dé la cara, la información equivocada, tendenciosa e imprecisa está del lado de la congresista que, desde hace tres meses, no llega al Congreso, pero recibe el puntual depósito salarial. Así de fácil.
Por ello, definitivamente, la actuación de Ivonne Acuña es la gota que rebosó el vaso y debe conducir a los próximos diputados a reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa para que el artículo 2 no quede en la farsa de decir “son deberes y atribuciones de los diputados asistir a las sesiones”.
Casos como el de Ivonne Acuña también deben obligar a los legisladores a presentar una “debida justificación” para esfumarse del plenario. Resulta que los diputados son los únicos servidores públicos que, con solo enviar una nota donde indiquen “motivos de salud”, gozan del privilegio de no tener que presentarse al trabajo sin que se les rebaje un solo céntimo del salario. Eso no es transparente y se presta para abusos. Lo correcto es que un médico de la CCSS certifique el estado de salud.
Lo mismo pasa con los ¢3 millones que gastó en combustible: es legal porque lo permite la ley de remuneración de los diputados, pero no es decente. Un mar de dudas rodea ese gasto, y ella, amparada a la norma, no da explicaciones. Esa norma se ha prestado para misterios y abusos desde hace años y amerita una reforma para adecentarla.
Se hace necesario, además, que los diputados se comprometan a servir. Quien por asuntos de su vida privada o su salud no pueda legislar que ceda la curul a uno que sí tenga vitalidad. El país no se merece pagar a los prolongados ausentes.
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