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Los tribunales penales internacionales antes se centraban en llevar ante la justicia a líderes derrotados, como el serbio Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor. Pero la Corte Penal Internacional ha ido más allá, emitiendo órdenes de detención contra líderes en el poder –en particular, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu–. Si bien estas medidas denotan cierta audacia, no tienen en cuenta la realidad política. De hecho, la nueva postura más enérgica de la CPI bien podría haber provocado su caída.
Los gobiernos occidentales se mostraron unánimes a la hora de aplaudir la orden de detención de 2023 emitida por la CPI contra Putin, pero siguen profundamente divididos respecto de la orden de detención de 2024 contra Netanyahu. Mientras que Irlanda ha respaldado la medida, el ministro de Asuntos Exteriores checo, Jan Lipavsky, la ha condenado: “Poner al mismo nivel a un terrorista y a alguien que defiende a su país contra los terroristas… socava la credibilidad de la corte”.
En Estados Unidos, casi la mitad de la población cree que Netanyahu debería ser arrestado si entra al país, de conformidad con la orden de la CPI. Pero la administración del presidente Donald Trump considera que las acciones de la CPI forman parte de un nuevo frente inaceptable en la “guerra” que, según el secretario de Estado, Marco Rubio, la institución ha venido librando contra Estados Unidos y sus aliados.
Rubio se ha comprometido a desmantelar la CPI “ladrillo por ladrillo”, entre otras medidas, mediante la congelación de activos, la prohibición de visas a los jueces de la CPI y la presión sobre los Estados miembro –como Venezuela, aliada de Estados Unidos– para que se retiren de la Corte. Burkina Faso, Malí y Níger también han iniciado el proceso de retirada, denunciando a la CPI como una “herramienta de represión neocolonial”.
No se trata solo de Netanyahu: aunque Estados Unidos ha respaldado la actuación de la CPI cuando esta coincidía con sus intereses, la administración Trump insiste en que la Corte no debe tener jurisdicción sobre los estadounidenses. Pero el caso de Netanyahu se ha convertido en una prueba existencial para la CPI, una prueba en la que, casi con certeza, la institución fracasará.
Un tribunal cuyas acusaciones no dan lugar a arrestos carece de legitimidad. Y la probabilidad de que Netanyahu –o Putin, para el caso– sea detenido es prácticamente nula. “No creo que haya ni un solo país europeo que detendría al señor Netanyahu”, afirmó el primer ministro belga, Bart De Wever, señalando que, en el “marco de la realpolitik, las consideraciones prácticas prevalecen sobre las éticas”.
Este tipo de desafío no es precisamente algo sin precedentes. La CPI acusó por primera vez al entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir, de crímenes de guerra en 2009 y emitió una segunda orden de detención en 2010 por su papel en el genocidio de Darfur.
Sin embargo, Bashir permaneció en el poder hasta el golpe de estado de 2019. Cuando Bashir visitó Turquía en 2017, el presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que “solo podía reírse” ante la exigencia de detención de la CPI. Sin embargo, Erdogan ha elogiado la orden de detención de la CPI contra Netanyahu, lo que pone de manifiesto hasta qué punto el apoyo a la Corte es una cuestión política y no de respeto hacia la institución.
Turquía no es miembro de la CPI. Tampoco lo son Indonesia, Israel y Pakistán, por no hablar de grandes potencias como China, India, Rusia y Estados Unidos. Los países europeos sí lo son –y también se han negado a colaborar en la ejecución de las órdenes de detención–. En enero de 2025, Osama Elmasry Njeem, un alto mando militar libio acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, fue detenido en Turín en virtud de una orden de la CPI. Pero Italia liberó posteriormente a Njeem y lo mandó de regreso a Libia, sin siquiera notificárselo a la Corte –lo que supone un incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma de la CPI–. Njeem fue arrestado en Trípoli el siguiente mes de noviembre.
Lo que socava aún más la credibilidad de la CPI son las acusaciones de “justicia selectiva”, que se ven reforzadas por una limitación estructural de la Corte: en los casos en que el delito se haya cometido en el territorio de un Estado no miembro, la CPI puede ejercer su jurisdicción si dicho Estado da su consentimiento o si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remite el caso a la Corte. Esto explica por qué la CPI no ha podido imputar al exdictador sirio Bashar al-Assad, responsable de la masacre de aproximadamente medio millón de personas.
La Corte tampoco ha imputado a ningún dirigente chino por el genocidio cultural perpetrado contra la minoría uigur en Xinjiang. Y, a pesar de las afirmaciones de la administración Trump de que la CPI esgrime una vendetta antiestadounidense, Estados Unidos y sus aliados británicos siguen a salvo de rendir cuentas por los cientos de miles de muertes de civiles en Irak, un país no miembro.
En el caso de Netanyahu, la CPI encontró una forma de eludir esta limitación. Afirma que puede “ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina”, que ha adherido al Estatuto de Roma, a pesar de que la condición jurídica del Estado de Palestina es motivo de considerable desacuerdo, tanto entre los Estados como entre los juristas.
Para sacar adelante el caso, podría decirse que la Corte tampoco respetó el principio de complementariedad, que exige que la Corte se remita a las autoridades nacionales que estén dispuestas y sean capaces de investigar y enjuiciar los delitos en cuestión. La CPI estaba concebida como un tribunal de última instancia y, si bien la clase política israelí merece ser criticada, su sistema judicial sigue siendo competente y respetado. Sin embargo, parece que a Israel no se le concedió una oportunidad razonable para invocar la complementariedad antes de que la CPI dictara su orden de detención.
Esto supone un error grave –sobre todo teniendo en cuenta que, en octubre pasado, el 74% de los israelíes apoyaba la creación de una comisión estatal de investigación sobre la guerra en Gaza–. Hay motivos de sobra para creer que, tarde o temprano, los líderes israelíes tendrán que rendir cuentas por los horrores que han permitido que se cometieran.
La orden de detención contra Netanyahu ha puesto de relieve la impotencia de la CPI y su tendencia hacia una justicia selectiva, pero no las generó.
De hecho, podría decirse que los días de la Corte siempre estuvieron contados. Nacida en medio de la euforia por la victoria de Occidente en la Guerra Fría, encarnaba la aspiración de que el derecho internacional pudiera trascender la política y de que una única institución pudiera defender de forma justa e imparcial los derechos humanos en todo el mundo.
Pero la CPI siempre representó la justicia de los vencedores y nunca estuvo preparada para operar en un mundo marcado por la Machtpolitik. En este contexto, los mecanismos no judiciales –como la presión política, los acuerdos bilaterales, las sanciones económicas y el fomento de la complementariedad– bien podrían resultar más eficaces.
En cualquier caso, el historial de la CPI claramente no justifica su supuesto papel como árbitro universal de la justicia penal internacional, y es posible que tenga que renunciar a él.
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Shlomo Ben-Ami es exministro de Asuntos Exteriores de Israel y autor de ‘Prophets Without Honor: The 2000 Camp David Summit and the End of the Two-State Solution’ (Oxford University Press, 2022). Copyright: Project Syndicate, 2026.
