EscucharConvertir la educación en la primera infancia en una prioridad nacional no es solo una declaración de principios. Es un reto concreto que exige acción coordinada, presupuesto adecuado y reformas institucionales.
Costa Rica aún tiene mucho por hacer en este campo, especialmente si quiere saldar su deuda con las familias en pobreza. Hoy, la atención y educación en la primera infancia es el sector más rezagado del sistema educativo. Solo el 7% de los niños de 0 a 2 años accede a servicios de cuidado y estimulación, y entre los niños de 3 a 5 años, la cobertura en hogares en pobreza ronda apenas el 40%. La OCDE ha sido clara en su diagnóstico: ampliar la cobertura y mejorar la calidad debe ser prioridad número uno.
Para lograrlo, el país necesita tomar al menos cinco decisiones urgentes. La primera es consolidar un liderazgo institucional claro. El actual modelo fragmentado entre ministerios y entidades limita la coordinación y dificulta la planificación. La OCDE ha recomendado crear una entidad única de gobernanza que asuma la rectoría del sector, y articular mejor el trabajo del MEP, el IMAS y otras instituciones.
La segunda es mejorar el financiamiento. Ampliar los servicios para niños vulnerables requeriría duplicar el presupuesto actual, que es de apenas 0,23% del PIB. La OCDE incluso ha sugerido evaluar una redistribución de recursos desde la educación superior hacia la primera infancia, dado su mayor retorno social.
La tercera es extender la jornada de los centros preescolares. El actual modelo de medio tiempo limita el aprendizaje infantil y obstaculiza la inserción laboral de las madres. Cuarto, repensar los programas de becas. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2024, ningún niño en educación preescolar recibió becas para permanecer en el sistema educativo, lo que evidencia que la política de focalización ha sacrificado por completo a este nivel. Dirigir parte de estos recursos a la primera infancia permitiría mejorar la cobertura en los sectores más vulnerables.
Y finalmente, se deben establecer estándares de calidad comunes para todos los centros educativos. La OCDE le señala así al país que la inversión en educación preescolar no es un gasto que debe recortarse, sino una reforma que requiere recursos para beneficiar a los más vulnerables.
Andrés Fernández Arauz es economista.
