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Una sólida política de atracción de inversión extranjera directa (IED) debe formar parte integral no solo de la política comercial del país, sino también de su estrategia económica general. Gracias a la IED, hemos contado con un flujo continuo de divisas extranjeras; la economía ha logrado mantener un ritmo de crecimiento sostenible, hemos accedido a tecnologías avanzadas y al know-how de empresas de países desarrollados, y se han generado cientos de miles de empleos, generalmente mejor remunerados.
Además, la IED ha sido un factor clave para que el país se inserte en las cadenas globales de valor. Ha sido decisiva en el éxito de nuestra estrategia exportadora: sin ella, la diversificación de mercados y la ampliación de nuestra canasta exportadora habrían sido sumamente difíciles o imposibles. Así, el desarrollo exportador del país está intrínsecamente ligado al comportamiento de la IED. Lo que le suceda a esta última tendrá un impacto directo en nuestras exportaciones, en la economía nacional y, en última instancia, en el bienestar de la población.
Este enfoque ha sido comprendido desde hace tiempo, y sucesivos gobiernos han procurado garantizar condiciones apropiadas para atraer inversión: estabilidad política fundamentada en el respeto irrestricto a los principios democráticos; estabilidad económica y manejo prudente de las variables macroeconómicas; un Estado de derecho funcional que brinde seguridad jurídica y predictibilidad; una fuerza laboral capacitada, saludable y ágil en el aprendizaje; una red de acuerdos comerciales que facilite el acceso a los principales mercados internacionales; infraestructura moderna y eficiente; un paquete de incentivos competitivo a nivel internacional, y una estructura institucional ágil para identificar y concretar oportunidades de inversión.
No es el momento de desviarse de este camino, pero sí de reconocer que enfrentamos profundos cambios en el entorno internacional que dificultan aún más la tarea de atraer IED. Entre ellos destacan el cambio de paradigma en las relaciones comerciales promovido por el gobierno de los Estados Unidos, que ha generado incertidumbre y desconfianza en los mercados; el debilitamiento del multilateralismo; el posible fraccionamiento de la economía global en bloques con escasa disposición a cooperar; la disrupción de las cadenas de suministro tradicionales, y la irrupción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, que modificarán radicalmente los procesos productivos.
Es poco o nada lo que un país como Costa Rica puede hacer para incidir en el devenir de esos factores externos, lo cual nos obliga a redoblar esfuerzos en los desafíos internos que continúan sin resolverse, en especial en aspectos sustanciales cuyo deterioro reciente es más que evidente: la creciente inseguridad pública, el legendario rezago de la infraestructura (y su impacto en la movilidad), y el descuido en la calidad y pertinencia de la educación.
Son tres temas muy gruesos cuya atención debería responder a una estrategia nacional, que demanda cuantiosos recursos y con efectos a mediano y largo plazo. Seguir ignorando esta realidad nos saldrá cada día más caro y hará cada vez más difícil no solo la labor de atracción de IED, sino la del desarrollo nacional, porque sus beneficios –o limitaciones– nos afectan a todos.
A lo anterior se suma la dificultad que tenemos para resolver discusiones que llevan años sobre la mesa. La necesaria reforma del sector eléctrico es un ejemplo clave, especialmente si se desea aprovechar el potencial del clúster de microprocesadores, iniciativa que en su momento fue planteada por el propio gobierno. Asimismo, la discusión sobre la flexibilización de la jornada laboral –crucial para sectores estratégicos como el de dispositivos médicos, actualmente nuestro principal rubro de exportación de bienes, o el turismo– sigue postergándose sin justificaciones claras. Seguir aplazando estas decisiones nos impide avanzar.
Además, resulta incomprensible la indiferencia del Banco Central ante los reiterados reclamos de los sectores exportador y turístico sobre la política cambiaria. No se trata de abogar por una manipulación del tipo de cambio –menos aún desde el poder político–, pero sí de que las autoridades reconozcan y atiendan la pérdida de competitividad que enfrentan estos sectores clave para la economía nacional y que, en consecuencia, dificulta también la atracción de IED.
Finalmente, resulta pertinente que el próximo gobierno reconsidere la decisión de prescindir del apoyo de Cinde en la labor estatal de atracción de IED. El país no puede darse el lujo de desperdiciar el conocimiento y la experiencia de una entidad reconocida internacionalmente por sus buenos resultados. Retomar esa colaboración –quizás con una guía gubernamental más clara respecto a la política oficial en la materia– solo podría aportar beneficios en el contexto complejo que enfrentamos.
La salida reciente de varias empresas –entre ellas, el cierre parcial de Intel– y la caída en los flujos de IED durante los primeros meses del año nos obliga a estar vigilantes, revisar críticamente lo que hemos venido haciendo, y trabajar más duro para enfrentar los nuevos retos.
La tarea es primordialmente del Poder Ejecutivo, pero los otros poderes e instituciones públicas tienen también su parte de responsabilidad. Si no reaccionamos ya, mañana puede ser muy tarde.
Francisco Chacón es abogado y lidera la práctica de Inversion Extranjera y Comercio Exterior del bufete Zurcher Odio & Raven.
