¿Basta con un presidente inteligente y experimentado? Las leyes sugieren algo más

Creí con mi último artículo apocalíptico del 2 de octubre que ya no valía la pena escribir más, pues pocos parecen interesarse en nuestras explicaciones de por qué seguimos subdesarrollados. Pero aplicándome, con el autocariñito de rigor, aquello de que a “perro con rabia, ni tapándole el hocico”, pienso que aún prevalece algo muy malo en este crucial proceso electoral cuando se habla de inteligencia, amor patrio, experiencia, formación, visión, pero no de idoneidad ni estadismo; o sea, prevalece aún una enorme “complacencia cívica”, causal de las desgracias que el país sufre.

Durante décadas pudimos documentar con esmero académico cómo los partidos nunca han reconocido los graves incumplimientos en los que todos, aun jurando el artículo 194, han incurrido, por comisión u omisión, en la clarísima letra del numeral constitucional 149.6, sobre las pautas superiores para una conducción eficaz del país hacia el ideario del artículo 50.

¿Inteligencia? Cualquier lector serio puede confirmar que la Constitución, leyes como la 5525 (de Planificación Nacional, de 1974) y al menos cinco artículos de la Ley General de la Administración Pública (N.º 6227, de 1978) constituyen, en conjunto, el marco virtuoso superior, o decálogo del estadista, que hasta ahora ha sido ninguneado. Quienes llegan cada cuatro años, por elección y designación, no parecen tener conocimiento de esa “partitura” que los obliga a dirigir, con armonía y éxito, este pequeño pero complejo país. Es precisamente por esta muy calculada o ¿inteligente? negligencia que hemos caído en un foso cercano al noveno círculo del infierno.

El TSE, grupos de estudio, cámaras, sindicatos y medios de comunicación nunca se han molestado en indagar si los partidos reconocen esas pautas superiores para el excelente gobierno.

Una extensa entrevista a una candidata, publicada en La Nación el 2 de noviembre, fue una dramática evidencia de ello: nunca se le preguntó sobre estos “atributos virtuosos” exigidos por la Constitución, ni la entrevistada se molestó en ofrecer una tranquilizadora cátedra reconociéndolos, por primera vez en nuestra historia político-electoral, con la rigurosidad y sensibilidad propias de una estadista.

¿El menos malo o un verdadero estadista? Yo, un connotado aguafiestas, opino que elegir a un gobernante más decente, menos pernicioso y más “componedor” que el que tenemos hoy –o sea, uno que venga a prodigar amor en vez de odio–, sería ciertamente lo “menos peor”. Pero como el país está en capilla ardiente, insisto en que lo requerido es elegir al estadista que, perfilado en la Constitución, es lo único que puede evitar que Costa Rica acabe cremada.

¿Muy preparados es suficiente? No basta con proponer programas rimbombantes, visionarios y “modernos”, como facilonamente todo simpatizante proclama.

Tomo de ejemplo la tan manoseada pero esencial lucha contra la pobreza, ramo en el que convergen más de 20 instituciones y en el que, por prácticas perniciosas, se ha venido transfiriendo por decreto ejecutivo –inclusive en los gobiernos del PAC– su “coordinación” a un presidente ejecutivo del IMAS con rango de ministro sin cartera, a pesar de tres agravantes impensables en un país serio: uno, que la “dirección y coordinación gubernativa” de este sector es competencia legal y lógica del ministro de Trabajo y Seguridad Social; dos, que a nadie –ni siquiera a la Contraloría ni a la Defensoría ni al Ministerio Público– parece importarle que un presidente ejecutivo tenga doble prohibición, en la Ley 5507, de 1974, y en la Constitución para ejercer un doble cargo; y tres, que tal menjurje legal y operativo ha mostrado una descarnada ineficacia para los pobres, a pesar de los multimillonarios recursos disponibles.

Ser inteligente, honesto, bien “preparado” y otras yerbas no es lo mismo que llegar idóneamente capacitado para ejercer ese liderazgo interinstitucional y social que exige conocimiento pleno de las leyes y procesos que “cada” Poder Ejecutivo tiene que “reglamentar, vigilar y hacer que se ejecuten” (artículo 140.3) y con ello lograr que todas las 60 y tantas instituciones ubicables en distintos sectores (véanse los deficientes pero indicativos decretos de Mideplán) operen según el artículo 140.8; es decir, como un reloj, no un archipiélago: que resuelvan problemas en vez de acrecentarlos.

¿Sabe alguien quién es responsable de las autónomas? Son el presidente con cada ministro (Poder Ejecutivo) quienes tienen que responder sin excusas por los resultados convergentes y reales de ministerios e instituciones autónomas en cada sector (salud, ambiente, agricultura, trabajo y seguridad social, transportes y obras públicas, educación, vivienda, etc.). Pero ¿alguien les ha pedido cuentas “sectoriales” alguna vez?

¿Microcontrol político o control integral? Si por su lado los legisladores llegan sin conocer el extraordinario poder de control político integral que la Constitución pone en sus manos, no el “micro” que los embelesa, y si en particular los de oposición no se organizan como ministros-sombra para exigir cuentas eficazmente a cada ministro sectorial (pero nunca repitiendo el ridículo montaje que protagonizaron el PLN y el PUSC hace años), nunca lograrán enmendar tales yerros gubernativos –peor, si no cuentan con el auxilio obligado e informado de la Contraloría y la Defensoría–.

¿Visionarios? Además, ningún gobierno llegará a concebir la estrategia integral que finalmente permita un “mayor bienestar… organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” (art. 50) si la censura legislativa y ciudadana por tales incumplimientos, enunciada en los conminatorios artículos 149.6 y 121.24 (léanlos), continúa siendo vista como una simbólica reprimenda al Poder Ejecutivo, sin consecuencias políticas de envergadura.

¿Experimentados? Además, sostengo que quienes hoy se ufanan de haber sido ministros o legisladores varias veces solo representan una clase de “experiencia fallida”, pues nunca ejercitaron el abecé de ese esencial oficio de estadistas que la Constitución exige. Si hubiese sido lo contrario, no estaría Costa Rica hoy al borde del infierno...

¿Amor patrio? Si a quienes hoy lo repiten –y a los “novatos” que hoy se lanzan al ruedo– no se les exige dejar claro que su “amor por la Patria” los debe llevar a reconocer los males profundos que el incumplimiento recurrente de estos atributos constitucionales y legales para el excelente gobierno ha producido, será imposible distinguir quiénes podrían emerger como los estadistas idóneos que el país requiere. Más bien, se propiciará que quienes finalmente lleguen, solo sigan perpetuando las malas prácticas y pésimos resultados. No olvidemos que hay amores que matan...

¿CEO empresariales? Esto último será irremediable si en particular el próximo presidente, por ignorar con complicidad de los medios ese decálogo constitucional que perfila y exige un presidente, ministros y legisladores estadistas, decide que lo más fácil es encomendar a una empresa que reclute para ministros a los “mejores candidatos” mediante inaplicables “decálogos” para CEO privados.

¿Qué puede ser peor?: que después de mayo del 2026 nuestro visionario pero incumplido régimen social de derecho empiece a oler a azufre... Pero ¿le importa esto a alguien?

jmeonos@ice.co.cr

Johnny Meoño, catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica, es doctor en Ciencias Gubernativas por la Universidad de Londres; autor de nueve libros y múltiples investigaciones sobre desarrollo; director de Reforma del Estado en Mideplán (1976-1984); profesor durante 37 años en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR; consultor en IICA, BID y PNUD, y colaborador de “Página quince” de La Nación desde 1974.