La inseguridad y la delincuencia rebasaron al costo de vida (un 34,7 % contra un 17,7 %) como las máximas preocupaciones de los costarricenses, según la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, lo más inquietante, empero, es que el 60 % de los ciudadanos manifiesta ninguna o poca confianza en la capacidad del gobierno para resolver ambos problemas.
Entre las preocupaciones y los miedos destacan la seguridad ciudadana con alta puntuación: sufrir un asalto (un 78 %), que el narcotráfico controle el barrio (un 82 %), sufrir una agresión física o sexual (un 78 %) y, el más atemorizador de todos, que perdamos el país (un 84 %).
Cuando se pidió a los encuestados priorizar los tres primeros temores, mencionaron, en este orden, perder el país, el control del narcotráfico y sufrir un asalto.
Las preocupaciones y los miedos están justificados porque las balaceras y los homicidios son la realidad de cada día, una vivencia de las más impactantes fue que una maestra de preescolar creara un protocolo para proteger a los estudiantes de los frecuentes tiroteos cerca de la escuela.
Felizmente, entre los tres poderes de la República, hay acuerdos en cuanto a la hoja de ruta para aprobar nueva legislación, pero resulta evidente que aún falta una solución integral de parte del Ejecutivo, al que le corresponden las principales responsabilidades en materia social (inversión en educación, salud, empleo), justicia (castigo y reinserción) y seguridad (prevención).
Sus propuestas, lamentablemente, rayan en el desatino, como trasladar peligrosamente la responsabilidad a las comunidades (propuesta de ciudadanía domesticada), exponernos por primera vez a levantamientos de la fuerza policial, producto de un plan de tiempo laboral 6x4 no negociado, o erosionar sin fundamento la credibilidad de los jueces.
Bien ganada la desconfianza; sin embargo, qué preocupante es estar en manos de personas que han demostrado incapacidad para presentar una agenda coherente e integral y que no han medido la consecuencia de erosionar la institucionalidad democrática. Como dije en una columna anterior a las autoridades responsables, aún estamos a tiempo de no perder el país.
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