La satisfacción ciudadana con los diputados ha caído estrepitosamente en años recientes y la Asamblea Legislativa es una de las instituciones peor evaluadas por los costarricenses. De acuerdo con un estudio de opinión sociopolítica del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), del 21 de noviembre del 2018, la confianza de la población en el Congreso fue de 4,5 de 10 puntos posibles.
Comparado con otras instituciones, solo los partidos políticos obtuvieron un peor resultado. Más aún, en las 16 mediciones previas llevadas a cabo por el CIEP, a partir noviembre del 2012, la Asamblea Legislativa siempre se ubicó entre las tres peores instituciones y ocupó el fondo de la lista en 11 ocasiones.
Decía Alberto Cañas que se nos metió la gradería de sol. La tentación de creerle es enorme, pero nos exhibiría como esnobs incapaces de encontrar el valor en el otro, el diferente, a quien consideramos —por algún perverso mecanismo psicológico— como peor o inferior en su otredad. Implicaría, además, no reconocer que el problema no es de personas, sino de los incentivos y las señales enviadas por el sistema para que los mejores ciudadanos —de cualquier región o condición socioeconómica— se abstengan de participar.
Sería, en fin, creer en algo parecido al hombre nuevo pregonado por los teóricos de la revolución marxista; seres superiores capaces con su genialidad de sacar al resto de mortales —meras masas de moléculas no pensantes— de su estado de catatonia social.
Dado que la ciencia no está más cerca hoy que hace medio siglo de crear a ese hombre nuevo —el problema, dice un meme, no es lo que se pueda hacer con la inteligencia artificial, sino de lo que es capaz la estupidez humana—. Más nos vale suscribir el planteamiento de los incentivos. Ello nos obliga a pensar en formas de cambiar las reglas de juego para modificar las señales en la dirección deseada.
Si la insatisfacción con los diputados es palpable y la reputación de la Asamblea Legislativa se hunde como barco con boquete en proa, debemos buscar una nueva forma de elegir a nuestros representantes, que convoque las mentes más brillantes y las personas que mejor representen las necesidades de sus electores.
Felizmente, un grupo de ilustres costarricenses ha dedicado los últimos siete años a estudiar la teoría y las experiencias de otros países en materia de elección de diputados. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de los diputados? ¿Cómo alinear los intereses de los congresistas con los de la población que representan? ¿Cómo hacer para que, en aras de mejorar la representación, no se vea afectada la proporcionalidad, es decir, que los partidos obtengan la cantidad de representantes correspondientes a los votos recibidos? Estas y otras interrogantes han sido respondidas por la asociación Poder Ciudadano ¡Ya! (PCY), cuya página web es www.poderciudadanocr.org.
Listas cerradas. Buena parte del problema se debe a la forma como elegimos a los diputados. Los partidos políticos elaboran listas cerradas de candidatos por provincia y el elector vota prácticamente a ciegas, sin necesariamente conocer a los candidatos ni poder escoger dentro de la lista a sus preferidos. Eso genera varios problemas.
Los partidos tienen un incentivo para poner en la parte alta de la lista —donde hay más probabilidad de ser elegido— a los representantes de los cantones más populosos. Como resultado, las cabeceras de provincia y los cantones más poblados obtienen varios diputados a la vez, mientras que los cantones más pequeños no sacan ni siquiera uno. Unos 15 cantones no han tenido representantes en la Asamblea desde 1949.
Otro problema de este sistema es que el diputado debe su elección, exclusivamente, al partido o al candidato quien los postuló, creándole un conflicto de lealtades que ocasiona una desconexión entre su actuación como diputado y las necesidades de sus votantes. Esto se presta para las componendas y acuerdos por debajo de la mesa.
La propuesta de PCY consiste en un sistema mixto para la elección de diputados. Crearía 42 distritos electorales con 75.000 votantes en promedio, cada uno de los cuales elegiría un diputado y en los cuales cada partido postularía únicamente un candidato. De esa manera, los aspirantes tendrían que presentarse ante sus electores, darse a conocer y ganarse la confianza (y el voto) de aquellos a quienes representarán en el Congreso.
Este sistema generaría una mejor representación porque todos los distritos electorales del país tendrían presencia garantizada en el Legislativo y cada diputado representaría a aproximadamente la misma cantidad de electores. Eso, sin embargo, no asegura la proporcionalidad porque un partido podría ganar la mayoría de los distritos con ser el que más votos obtenga, aunque los gane con un porcentaje bajo.
Para corregir el problema y garantizar la proporcionalidad, los partidos presentarán listas de 84 diputados (incluyendo los 42 distritales). Los 42 puestos restantes, denominados nacionales, se utilizarían para equilibrar los resultados. Por ejemplo, si un partido obtuvo el 18 % de los votos, pero en la elección directa por distritos solo alcanzó 10 diputados, enviaría a la Asamblea 5 diputados nacionales para completar los 15 que le corresponderían de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos. Si un partido saca un 5 % del voto y ningún diputado por distrito electoral, tendría en el Congreso 4 representantes de su lista nacional. Se persigue también alcanzar un equilibrio entre los intereses nacionales y los meramente municipales o distritales, que el sistema actual no garantiza.
Más diputados. Uno podría adoptar la posición populista de oponerse al incremento de los diputados. Podría argumentar que la Magdalena no está para tafetanes, dada la crisis fiscal del país. Pero sería irresponsable. En primer lugar, como ya dijimos, es necesaria una reforma constitucional que, por su naturaleza, tomaría de dos a tres años en el trámite legislativo y no entraría a regir sino hasta cuatro años después. El país no va a estar en crisis fiscal para siempre.
Segundo, en la Asamblea hay 44 comisiones, cada una conformada por varios diputados: 3 comisiones plenas, 6 permanentes plenas, 15 permanentes especiales y 20 comisiones especiales. Cada diputado está, en promedio, en 5 comisiones; casi la mitad está en 6 o 7 y uno en 8. Eso les impide especializarse en sus áreas de conocimiento, pues un diputado puede estar simultáneamente atendiendo asuntos hacendarios, agropecuarios, ambientales, de turismo y narcotráfico.
Semejante dispersión los obliga a contar con una gran cantidad de asesores, razón por la cual tenemos uno de los Congresos más caros del mundo. Pero, además, atenta contra la calidad de la labor de los legisladores. Incrementar su número les permitiría reducir la cantidad de asesores y alcanzar una mayor especialización en áreas específicas del quehacer legislativo, y se fortalecería por la creación de la carrera legislativa, que el proyecto propone y no desarrollo por falta de espacio. Insto al lector a investigar por su cuenta.
Los representantes de PCY admiten que su proyecto no es perfecto, pero el lento trámite de una reforma constitucional permitirá mejorarlo en aquellos aspectos que los expertos —ojalá— consideren necesario. Si queremos elevar el desempeño del Congreso, su reputación y representación, la adopción del sistema mixto proporcional merece nuestro apoyo y una pausada reflexión y discusión.
El autor es economista.
