Costa Rica ha tenido aproximadamente 1,2 millones de casos confirmados y 9.250 fallecidos por covid-19 en casi 1.100 días. Las estimaciones indican como mínimo una infección en el 75 % de la población y otras muertes atribuibles a la enfermedad son subestimadas.
Por otro lado, la cobertura de vacunación alcanza a un 90 % con la primera dosis y un 84 % con la segunda, pero la administración de la tercera se estancó durante más de un año en un 55 % y tan solo un 20 % ya recibió la cuarta dosis.
También, una serie de directrices, normas, protocolos y considerable inversión en servicios de salud marcan la diferencia significativa en comparación con otros países de América Latina y el resto del mundo.
A pesar de que las autoridades informan sobre una sexta ola de la pandemia, con un promedio semanal de 4.422 casos diagnosticados y cerca de 200 personas internadas en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de las cuales entre el 8 y el 12 % ocupan una unidad de cuidados intensivos (UCI), la población decidió no hablar del tema. Al igual que los emojis de monito, es mejor no ver, no escuchar, no hablar. Casi lo mismo puede decirse de las autoridades del sector sanitario.
Contar con datos diarios y continuos permitió a los generadores de política pública diseñar instrumentos que, en presencia de olas pandémicas, evitaron el colapso hospitalario, altos índices de mortalidad y la imposición de medidas menos restrictivas y draconianas que en otros países. Todo lo anterior, junto con la vacunación temprana y vigorosa, facilitó la reactivación económica en el segundo semestre del 2021.
Acciones contradictorias
Podríamos afirmar que la población decidió no hablar de la pandemia por voluntad propia o miedo a revivir confinamiento, suspensión de empleos y clases y restricciones sanitarias, o —inducida por el Ejecutivo, centrado en políticas públicas como la no obligatoriedad de las vacunas— el uso de mascarillas en espacios cerrados o el levantamiento del estado de emergencia, que propiciaron un cambio significativo en la atención de la pandemia y el interés en ella.
Con ello, se perdió la trazabilidad del evento; ejemplo es la muy cuestionada medida del “receso lluvioso” o el retorno del uso de la mascarilla en el transporte público.
¿Por qué es necesario medir, gestionar y analizar el impacto de la covid-19 y promover la investigación científica al respecto? La elaboración de reportes epidemiológicos por parte de universidades públicas y privadas, el aporte de académicos independientes y la disponibilidad y acceso a la información produjo un conjunto de datos estadísticos que proporcionaron insumos estratégicos para la atención de la pandemia, alertas sindrómicas, monitoreo distrital, perfiles de contagio, tasas de ataque, comportamiento por grupos de edad, mapas de incidencia, cuantificación del aporte de las medidas sanitarias, entre otras cosas con las que el país dejó de contar.
Costa Rica, a lo largo de su historia, estuvo comprometida con la generación y gestión de información estadística para la toma de decisiones: censos de población y vivienda del Instituto de Estadística y Censos (INEC), prospecciones económicas del Banco Central, estadísticas en salud de la CCSS y los datos del Ministerio de Educación Pública fueron pilares del desarrollo, cultura y educación del país.
Un evento que detuvo al mundo, como la covid-19, originó un cambio en la geopolítica sanitaria, impulsó el desarrollo de la investigación y creó sinergias nunca vistas entre países y científicos, de un momento a otro perdió la debida atención.
Covid persistente
Aunque puede ser tedioso hablar de la covid-19, Costa Rica no prestó durante el último año la atención necesaria a la pandemia y, peor aún, decidió dar la espalda a la gestión e información, incluso a algo tan relevante como la covid persistente.
Este fenómeno se perfila como uno de los mayores desafíos de salud pública en los próximos años; sin embargo, el país deja pasar la oportunidad de levantar una de las mejores bases de datos regionales sobre la materia, con la cual tomar sus decisiones. Es preocupante que, a pesar de la existencia de por lo menos 40 publicaciones científicas y reportes de organizaciones internacionales que destacan la trascendencia de abordar este fenómeno, no se discuta sobre él ni se recopilen datos para su análisis.
Cómo único antecedente, en octubre del 2022, el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) estimó que cerca de 500.000 en Costa Rica presentaron síntomas asociados a la covid prolongada: cansancio, tos, dolor muscular, dificultad para respirar y dolor de cabeza, entre otros.
Si partimos del supuesto de que por cada persona diagnosticada cerca de tres más se habrían contagiado, pero nunca fueron identificadas por el sistema de salud, es posible que cerca del 75 % de la población haya tenido covid-19. Así, en lugar de 500.000 personas serían un millón y medio las que estarían afrontando complicaciones.
Para la toma de decisiones basadas en prueba científica, la generación y gestión de datos para obtener la mejor información es fundamental; sin embargo, ignorar las lecciones aprendidas, dejar de lado la información y soslayar que un millón y medio de personas podrían demandar nuevos servicios de salud asociados a una enfermedad que antes no tenían es guiarse con una brújula que no sirve.
Agustín Gómez Meléndez es estadístico e investigador de fenómenos sociales vinculados con el desarrollo.
Juan José Romero Zúñiga es epidemiólogo e investigador en materia de epidemiología, salud pública y medicina veterinaria.
