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Indignados estamos por la inseguridad y los niveles crecientes de violencia en nuestro país: esta no solo ha aumentado en sofisticación y crueldad, sino también en número, y el flagelo no se detiene. Son salvajes despiadados que planean y llevan a cabo estos hechos a sangre fría, ejecutando no solo a su víctima predestinada, sino también a víctimas colaterales inocentes.
Indignante es que el 67% de las víctimas sean personas de 18 a 39 años; el 90% son hombres y, en el 66% de los casos, se dan como consecuencia de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico. Además, 36% de las víctimas son personas menores con edades entre 12 y 17 años, y 74% son víctimas colaterales. Gente joven muriendo a consecuencia del abandono estatal de políticas públicas preventivas en todos los campos.
Indignados estamos porque, en Costa Rica, la educación secundaria se estancó en los últimos 30 años, sin que se hicieran ajustes a tiempo, y el resultado es que solo un 42% de los estudiantes que ingresan a primaria se gradúan de bachilleres en secundaria; que se acumulara un déficit en infraestructura de $1.000 millones y que se gradúen 10.000 educadores al año de más de 50 universidades, de los cuales solo 3.000 proceden de alguna universidad acreditada que garantice la calidad de los programas de formación. La aplicación del examen de idoneidad que empezó el MEP este año es una luz de esperanza para elevar el nivel de los docentes, piedra fundamental en la educación.
Empeora este panorama el hecho de que el 40% de los estudiantes de primaria y secundaria son personas pobres. Además, la desigualdad se incrementa cuando solo el 39% de los estudiantes que terminan la secundaria acceden a la educación superior y solo el 30,3% de las personas de 25 a 34 años se gradúan de una universidad (el promedio de los países de la OCDE es 47%).
Este círculo perverso se cierra con el dato de que el presupuesto del 8% del PIB que le corresponde a la educación no se asigna y, para el año 2026, será de apenas 4,98%. No es casual, por lo tanto, que solo el 17% de los 450.000 estudiantes de primaria en 2023 recibieron la malla curricular completa y que Costa Rica es el tercer país de la OCDE con más jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian, no trabajan y no reciben ningún tipo de capacitación.
Indignados estamos porque las personas adolescentes y jóvenes (de 10 a 29 años), que representan el 30% de la población, tienen una pésima cobertura del sistema en salud. Los datos revelan que, de 10 a 19 años, la cobertura de la CCSS es de solo el 33% y se desatienden necesidades crecientes de alta complejidad (enfermedades crónicas; violencia; drogadicción, incluido el consumo alcohol y tabaco; embarazo; maternidad y paternidad adolescente; VIH/sida; depresión y suicidio; ansiedad, trastornos alimentarios; accidentes de tránsito y trastornos de crecimiento y de desarrollo, entre otros).
Además, 32% de las personas menores de 12 años, 36% de los adolescentes y 70% de la población mayor de 22 años tiene sobrepeso u obesidad. Se prevé que en 2060, un 94% de la población general presentará obesidad y sobrepeso.
Más grave aún: uno de cada cinco adolescentes es prediabético, lo mismo que una persona de cada cuatro en el rango etario de 19 y 35 años. El resultado actual es que un 14,8% de la población mayor de 19 años es diabética tipo 2 y el 30% es hipertensa.
Lo paradójico es que la Junta Directiva de la CCSS aprobó en 2018 la Política Institucional de Atención Integral a la Adolescencia, basada en la experiencia exitosa de la década de los años 80 del Programa de Atención Integral a Adolescentes de la misma institución, que se debilitó ostensiblemente.
Sin embargo, un informe de 2024 de la Auditoría Interna de la CCSS señala que actualmente no existe una implementación de esta política aprobada en 2018, ni una actualización que debió hacerse en 2022 y en los años posteriores. Termina diciendo la Auditoría que esta situación conlleva que a los adolescentes se les brinden servicios sin los criterios de calidad y oportunidad esperados.
Indignados deberíamos también estar con las cifras del desempleo juvenil, que ronda el 24,9% en jóvenes de entre 15 y 24 años (segundo trimestre de 2025, según datos del INEC), entre tres y cuatro veces la cifra nacional.
Además, el 47,1% de las personas de 15 a 24 años desempeña empleos precarios, informales, lo que implica poca estabilidad, malos salarios y ausencia de seguro social. Sumemos a lo anterior el dato de que 66% de los desempleados tienen menos de 34 años y el 64% no terminó secundaria.
Indignados estamos por el manejo que se ha hecho de las finanzas de la CCSS, el cual ha puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema. Aquí ha habido de todo: desde políticos que han usufructuado de la institución hasta evasores privados que no son denunciados y menos juzgados, y un Estado que debe de ¢3 a ¢4 billones a la institución.
Indignados estamos por el mal manejo de la formación del recurso humano y de las políticas de retención de los profesionales especializados. Completa este panorama la pésima formación en general del recurso humano médico, lo cual queda evidenciado en los pobres resultados que un número significativo de graduados de universidades privadas obtienen en el examen de ingreso al internado rotatorio o para la incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos. Destacan los resultados de la Universidad de Costa Rica, bastión de la formación médica de calidad en el país.
Un Bad Bunny que visitó nuestro país recientemente y llenó dos veces el Estadio Nacional nos podría ayudar a acercarnos a la realidad de nuestros adolescentes y jóvenes.
Si bien en sus inicios, las letras de sus canciones pudieron haberse catalogado de insípidas, sin sentido y soeces, además de que cosificaban a la mujer, exaltaban las drogas y la violencia, y presentaban la sexualidad como comida rápida, parte de su éxito actual se explica por el cambio significativo que ha tenido su mensaje.
Ahora, sus canciones se identifican con los graves problemas que afectan a los jóvenes: la privatización de los recursos naturales y la destrucción de los ecosistemas, la gentrificación y la defensa de la identidad cultural. De hecho, subraya en sus presentaciones que “este show se trata de la unión de todos nosotros” y lo hace innovando con mezclas novedosas de ritmos.
Sin duda, Bad Bunny logró interpretar las claves de lo que está en el centro de las preocupaciones de los jóvenes y sus necesidades, y esta sincronización con lo emocional explica su conexión con este grupo de la población.
Pero, más allá de Bad Bunny, ¿habrá políticos no energúmenos que, en la actual campaña, logren crear espacios de escucha y se acerquen respetuosamente a la población joven?
Hasta el momento, todo indica que los programas de gobierno de todos los partidos políticos no están nada cerca de comprender las necesidades urgentes de adolescentes y jóvenes, ni siquiera porque representan un porcentaje nada despreciable del padrón electoral.
morabecr@gmail.com
Alberto Morales Bejarano es pediatra; fue fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años.
