EscucharEn el vórtice del caso del cemento chino revolotea una de las manifestaciones más profundas de la corrupción: el uso del poder para dar ventajas. El caso ha resultado especialmente perturbador porque existen indicios de que esa patología no se manifestó solo en un ente público o solo en sus mandos medios, sino que podría haber penetrado varios órganos en los tres poderes del Estado y al nivel más alto.
Es posible que algunas autoridades del Banco de Costa Rica, algunos jerarcas del Poder Ejecutivo, algunos diputados y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, olvidaran que sus jefes son los costarricenses para por momentos comportarse como peones de Juan Carlos Bolaños (JCB). De esas alturas, las actuaciones cuestionables bajaron a varios niveles. Por ejemplo, jerarcas del Banco Nacional introdujeron a JCB a la asociación solidarista, cuyos administradores tuvieron una inconveniente cercanía con el empresario al tiempo que con los ahorros de los trabajadores del Banco le hacían préstamos millonarios sin garantías suficientes.
JCB logró convertir en sus subalternos ocasionales a altos jerarcas del sector público porque tuvo la habilidad de identificar sus debilidades y, en algunos casos, su ignorancia sobre la distancia de intereses particulares con la que debe ejercerse el poder. Comprometió de tal manera a funcionarios y políticos del más alto nivel, que cuando la prensa y la Comisión revelaron actividades entre ellos y el empresario, las explicaciones superaron cualquier expectativa sobre el ridículo en que pueden caer seres humanos inteligentes al ser confrontados con sus transgresiones éticas.
Descubrimientos. De repente, hemos descubierto que algunos jerarcas de varios poderes del Estado no usan tarjetas de crédito. Pagan siempre en efectivo, por lo que no pueden mostrar evidencia de que el empresario no financió sus almuerzos en hoteles de lujo, sus tiquetes de avión o sus vacaciones en hoteles de playa. Nos hemos enterado de que cuando se trata de casos penales contra diputados, los magistrados de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia tienen una vista selectiva y en todos seleccionan lo mismo. Por ello, ante el mismo legajo de información, todos vieron el reporte de llamadas entre dos diputados, pero ninguno vio las llamadas entre estos y el empresario.
Ahora sabemos que en la Casa Presidencial de nuestro excepcional país una simple llamada de cualquier persona es suficiente para garantizarse citas y solicitar ayudas para sus trámites personales.
Hemos descubierto que el Banco de Costa Rica no solo intermedia dinero, sino casualidades. Se aprueba un reglamento para el cargo de gerente e inmediatamente aparece un candidato que calza a la medida con los nuevos requisitos. Se adapta el reglamento sobre garantías crediticias “solo” para cumplir con la normativa que se había aprobado siete años antes —cuando se abrió el mercado de seguros—, de tal manera que el BCR pudiese autorizar garantías de caución de aseguradoras privadas. Por cosas del destino, horas después, apareció un empresario que solo podía asegurar su crédito multimillonario con las nuevas reglas. De igual manera, se elabora un plan para reactivar la economía nacional, el cual contempla como uno de sus cuatro componentes la expansión del mercado para el producto del mismo empresario, quien tiene negocios con el hijo del gerente y regala paseos en su helicóptero a la miembro de la Junta Directiva más influyente en la Casa Presidencial.
También nos hemos enterado de que personas muy cercanas al presidente escribieron mensajes de WhatsApp, ordenando en su nombre —con resultados exitosos— un trato preferencial para un empresario (por casualidad el mismo que había cautivado a las autoridades del BCR más cercanas a la Casa Presidencial). Pero fue de mentirillas que utilizaron el nombre de su amigo el presidente. De ello se enteran los mandos medios que acataron las órdenes 14 meses después, debido a las investigaciones en la Asamblea Legislativa. Quizá antes no había surgido una ocasión propicia para aclarar que fue solo una mentirilla.
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Poder. Hoy sabemos que algunos diputados diligentemente han asumido como una de sus responsabilidades asegurarse de que los entes del Estado cancelen sus deudas aceleradamente a contratistas privados; todo sin interés alguno. También sabemos que, aun sin petróleo, en Costa Rica hay empresarios que tienen tanto dinero que no saben si tienen helicópteros y aviones y menos cuántos de cada uno.
Yo sabía que el poder de los magistrados de la Corte era enorme, pero no estaba enterado de que eran bilocables y que podían cambiar el pasado. Un magistrado viajó por un día a Panamá invitado por un empresario, pero, ya ocurrido el evento, el magistrado optó por modificar lo que hizo en Panamá varias veces.
Es por ese poder de bilocación ex post, no por enemistad con la verdad, que su viaje fue reportado al Poder Judicial tanto como de trabajo como de vacaciones, fue pagado dos veces (una por JCB y otra por el magistrado), ingresó al Juan Santamaría por dos rutas (por la ordinaria y por el Salón Diplomático), estuvo en dos ciudades a las mismas horas (Panamá y Colón) y durmió en dos hoteles en una misma ciudad en la misma noche.
Para describir todos los aprendizajes sobre nuestro país derivados de las explicaciones de los involucrados en el caso, necesitaría un artículo 100 veces más extenso que este.
Carencias éticas. ¿Aprendizajes? Lamentablemente, no. Se trata de las carencias éticas que ya hemos visto en una parte de la clase política. No nos referimos solo al tráfico de influencias mismo, sino también a las grotescas mentiras utilizadas para explicar actuaciones una vez que hechos vergonzosos se hacen públicos. Aún recordamos las onerosas “revisiones filológicas” y los costosos “actos correctos” de algunos políticos, descubiertos hace menos de tres lustros.
El caso es grave; pero no lo suficiente para descarrilar nuestra fuerte y consolidada institucionalidad democrática. Por el contrario, componentes inherentes a nuestro Estado de derecho, tales como la libertad de prensa y las potestades investigativas de los diputados, incluyendo su fuero de inmunidad, han puesto contra la pared a los transgresores y han obligado al mismo Poder Judicial a suspender, investigar y allanar, sin importar niveles jerárquicos ni antecedentes políticos.
Esta es la parte positiva de esta tragedia ética. Pero debe concluir con éxito. A la unanimidad hoy existente sobre la gravedad del caso no se llegó con facilidad. Tomó tiempo para que toda la prensa pusiera su foco en el caso, para que los diputados que querían obstaculizar las investigaciones fuesen derrotados y para que el Poder judicial actuara contra un fiscal acomodado a ciertos intereses políticos y contra magistrados sin criterio y probablemente corruptos. Recordemos también que las reacciones del presidente de la República han sido confusas y dominadas por la negación.
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Por lo anterior, es necesario mantener el dedo en la llaga para que la impunidad no triunfe. En este contexto, espero que el informe de la Comisión Legislativa sea discutido y aprobado cuanto antes en el plenario legislativo y que sus recomendaciones se ejecuten desde ya.
Aprovecho este espacio para agradecer y felicitar a las personas que contacté y que después de muchas dudas y temores me aceptaron la invitación a comparecer a la Comisión. Sus aportes fueron muy significativos; su valentía y coraje, ejemplares. También agradezco a las personas que de manera confidencial me entregaron documentos e información que resultó vital para preparar comparecencias y llegar a conclusiones.
El autor es diputado por el Partido Acción Ciudadana.
