Columnistas

Hay que ser prudente con la deuda pública

La nueva administración deberá concentrar sus esfuerzos en reducir los altos rendimientos y plazos

La enorme deuda pública limita los recursos para el sector productivo, presiona al alza los intereses y frena la inversión, el gasto social y la libertad para acometer una reforma estructural.

La deuda obedece a la creciente expansión del gasto del gobierno en relación con los ingresos, lo que genera déficits fiscales continuos, que han obligado al Ministerio de Hacienda a buscar crédito ofreciendo elevados rendimientos.

En nuestro pequeño mercado financiero, resulta más atractivo invertir en bonos que correr riesgos financieros en un nuevo negocio. La historia se repite en los bancos con los fondos de inversión y pensiones.

Por la magnitud del endeudamiento del gobierno, las calificadoras de riesgo nos bajaron la nota, y los organismos internacionales endurecieron las condiciones para conceder préstamos al país.

La única salida que quedaba fue firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir un préstamo puente por $1.778 millones.

El convenio establece metas muy estrictas en el manejo de las finanzas públicas y genera mayor confianza a bancos e inversionistas. Hasta ahora se han cumplido, pero apretarse la faja en el gasto y mejorar la recaudación aún es insuficiente. El acuerdo con el FMI facilitará la colocación de bonos soberanos a tasas de interés competitivas y recibir el apoyo de bancos internacionales.

La costosa deuda pública causa incertidumbre, menos crecimiento a largo plazo, un incremento en el costo de capital, mayores impuestos, aumento del riesgo y presión inflacionaria, y amenaza con una crisis monetaria o bancaria.

Lo triste del endeudamiento es que en lugar de invertir en el mejoramiento de la infraestructura y en competitividad, los gobiernos han empleado los recursos para financiar la burocracia, cada vez más grande y poco productiva.

Entre el 2008 y el 2020, la deuda pública total creció de un 38,2% del PIB al 82,4%; la del Gobierno Central, de un 24% al 67%; el Banco Central disminuyó la suya del 9,4% a un 4,9%; las empresas públicas no financieras pasaron del 4,3% al 9,5%; la de los gobiernos locales, del 0,1% subió al 0,2%; y el resto de instituciones públicas hicieron crecer la propia del 0,4% al 0,6%.

Desde la crisis del 2008, el Estado no ha dejado de contraer deudas. En el 2020, financió con crédito el 40% de los gastos ordinarios y en el 2022, el 44%.

El saldo del Gobierno Central alcanzaba los $43 billones (70,37% del PIB) a enero del 2022, dividido en deuda interna por $32 billones y deuda externa por $11 billones. El 80% de la interna es a tasa fija y la externa, al 43%.

La nueva administración deberá concentrar sus esfuerzos en reducir los altos rendimientos y plazos de los títulos que están en instituciones del Estado y negociar lo que se pueda con los privados. Entre el 2022 y el 2026 se vencerán $15,6 millones, de los cuales el 76% es deuda interna y el 24%, externa.

Si se aplica estrictamente la ley de ordenamiento fiscal, empleo público y otras medidas complementarias de reestructuración y ordenamiento del gasto, el país estabilizará la deuda entre el 2023 y el 2024 en un 72%, que es el límite razonable de sostenibilidad.

De lo contrario, en escasos cuatro años, la deuda estaría cerca del 85%, lo que conlleva graves riesgos de incumplimiento y costos económicos y sociales.

El 80% de las instituciones no han desarrollado una estrategia de deuda, ni mecanismos de evaluación, a pesar de que existen decenas de normas legales.

El Congreso debe aprobar una nueva ley marco que exija a todo el sector público obedecer las normas internacionales NICSP y NIIF, y dar al Ministerio de Hacienda poder para ejercer un mayor control sobre la solvencia y sostenibilidad de las entidades que requieran endeudarse.

Hay que hacer un manejo eficiente de la liquidez del Estado para producir ahorro, y ordenar los actuales instrumentos de deuda, entre estos, los avales, los fideicomisos, los préstamos y los títulos valores.

No se puede excluir a ninguna institución, todas deben estar subordinadas a la autoridad presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

Debemos ser muy estrictos con el manejo de la liquidez, diversificar los componentes del portafolio, evitar competencia entre el Banco Central y Hacienda, pero, ante todo, centralizar y coordinar las gestiones de deuda, en plazos y rendimientos.

Solo si se maneja en forma transparente, se obtiene la confianza del mercado. La fragmentación es insostenible, hay 23 cuerpos normativos que regulan el endeudamiento, con diferentes alcances, y 53 normas, entre guías y directrices.

Hay que poner reglas claras para el endeudamiento de toda institución del sector público. No se vale endeudarse para financiar proyectos de poca rentabilidad social y económica, y mucho menos para pagar gastos. Si no existe orden, cada día tendremos menos margen de acción en un mundo cambiante y convulso.

jorge.woodbridge@icloud.com

El autor es ingeniero.

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