Como ya se hacía ver cuando apenas había sido dictada, en noviembre de 1949, de la Constitución no se predicaba que era una obra perfecta. Por el contrario, hubo quien dudaba de ella y de su vocación de permanencia. No obstante, contenía una previsión prudente para facilitar su adecuación a la cambiante realidad social: el mecanismo de la reforma parcial, que no dejaba las normas constitucionales al riesgoso arbitrio de los acontecimientos.
A través de los años, los procedimientos de reforma autorizados por la Constitución se han empleado una y otra vez con el propósito de enmendar inconvenientes, corregir distorsiones institucionales, incrementar derechos y garantías. El moderado rigor exigido para llevar a la práctica esos procedimientos ha requerido desde siempre la concurrencia de un amplio consenso y de buena fe; procedimientos cuya integridad, además, fue reforzada desde finales del siglo pasado con el control jurisdiccional.
Así, pues, la Constitución ha resistido el embate del tiempo, y en sus límites ha contribuido a asumir al menos pacíficamente cambios de todo tipo que posiblemente no tengan parangón histórico.
Hasta aquí, muy bien. Pero es lo cierto que, como acredita el historiador alemán Volker Ullrich en El fracaso de la República de Weimar, “ni siquiera la mejor constitución sirve para algo si es llevada a la práctica por sus ejecutores de manera falsa o chapucera”. A fin de cuentas, desde esta perspectiva, la Constitución es lo que se hace con ella, y, más específicamente, lo que algunos están dispuestos a hacer con ella.
El caso es que hoy, la Constitución afronta una prueba novedosa de la que va a ser difícil que salga indemne. La democracia representativa, que es el régimen político que ella quiere para nosotros, está expuesta ahora mismo a presiones internas y externas de una magnitud que antes no se había experimentado. Como resultado, es posible que los mecanismos institucionales, su concepción y sus funciones, se conserven en lo fundamental, pero reconvertidos progresivamente en conceptos petrificados, desprovistos de sustancia democrática.
Mucho de lo que pase en el futuro inmediato depende, como apunta Ullrich, de lo que hagan determinadas personas en situaciones concretas. ¿Se puede confiar en ellas? “Está en nuestras manos que nuestra democracia fracase o sobreviva”, afirma Ullrich, pero no estoy tan seguro de hasta dónde es cierto que tal cosa “está en nuestras manos”.
carguedasr@dpilegal.com
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.
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