Si uno revisa los indicadores oficiales, la historia del inglés en Costa Rica parece distinta. Según el informe de Resultados de Metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP), informe anual 2025 –publicado por Mideplán–, más del 60% de las personas estudiantes que cursan el último año de secundaria alcanza un nivel B1 o superior en comprensión lectora y escucha en inglés, superando ampliamente las metas establecidas.
Los resultados se presentan como evidencia de un avance significativo en el desarrollo de competencias lingüísticas y del éxito de las políticas implementadas. Sin embargo, cuando se contrasta esa información con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), la imagen cambia sustancialmente.
Con base en cálculos propios utilizando la Enaho 2025 del INEC, para la población de 15 a 18 años que asiste a secundaria, el 54% de quienes estudian en colegios privados reporta hablar inglés con fluidez, frente a apenas un 9% en colegios públicos. Es decir, los resultados medidos en el sistema educativo y los observados en la población no parecen contar la misma historia.
La explicación no necesariamente está en un error, sino en lo que cada medición captura. Las pruebas utilizadas para reportar avances en el PNDIP evalúan habilidades específicas (exclusivamente la comprensión lectora y auditiva) en condiciones controladas. En cambio, los datos de la encuesta reflejan una noción más exigente de dominio: la capacidad de utilizar el idioma de manera funcional en la vida cotidiana y en el mercado laboral.
La diferencia es sutil, pero crucial. No es lo mismo reconocer estructuras en un examen que sostener una conversación o desempeñarse en un entorno laboral bilingüe. No es lo mismo alcanzar un umbral mínimo en habilidades receptivas que desarrollar un dominio integral del idioma.
Cuando estas mediciones se interpretan como equivalentes, el riesgo es evidente: concluir que el problema está resuelto cuando, en realidad, persiste. Esto tiene implicaciones directas para la política pública. Si los indicadores utilizados para monitorear el avance del bilingüismo capturan solo una parte del fenómeno, las decisiones pueden basarse en diagnósticos incompletos. Y cuando eso ocurre, el sistema tiende a optimizar aquello que mide, aunque no necesariamente aquello que importa. En este caso, mejorar los resultados en pruebas específicas no garantiza un mayor dominio real del idioma en la población.
La discusión, entonces, no es si los datos oficiales son correctos o incorrectos. Es si están midiendo lo que se quiere resolver. Porque cuando los indicadores muestran avances sostenidos, pero la realidad no cambia en la misma dirección, el problema deja de ser solo de aprendizaje. Pasa a ser, también, un problema de medición. Y lo que no se mide bien, difícilmente se puede mejorar.
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Andrés Fernández Arauz es economista.