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Es de vital importancia cuestionar: ¿cómo sería la vida cotidiana del costarricense sin la democracia? Es algo que en muchas ocasiones, en especial las nuevas generaciones, se da por sentado: la libertad política y el acceso a los derechos humanos básicos en nuestro país son algo que hemos tenido durante toda nuestra vida, o que hemos podido exigir legalmente en caso de que se irrespeten.
Sin embargo, no es algo que se da por naturaleza ni es inamovible; tomó miles de luchas de nuestros antepasados llegar a la democracia que tenemos hoy, la cual se encuentra en riesgo en los últimos años, por la desinformación e indiferencia frente a los temas políticos y públicos, lo que evidencia un debilitamiento en la formación cívica.
Sin embargo, nuestra democracia tiene aspectos que mejorar; por ejemplo, el debilitamiento en la legitimidad y la credibilidad del sistema político por el mal manejo de los fondos públicos; la falta de transparencia y la inacción de los gobiernos frente al narcotráfico; la crisis de infraestructura; el desempleo; retrasos en la atención médica de la CCSS, y la gran mora judicial que afecta el acceso a la justicia. Grandes problemas que terminan generando apatía hacia la participación ciudadana, especialmente en las juventudes. No hay que olvidar que tenemos la posibilidad y el deber, como ciudadanía, de incidir políticamente, de acuerdo con el artículo 9 de la Constitución Política, en el que se especifica que el gobierno debe ser popular, representativo y participativo.
Si queremos conservar nuestros derechos y corregir problemáticas que nos afectan directamente, como la corrupción, la violencia, fallas institucionales y problemas económicos, ambientales, sociales, educativos y de seguridad, la participación no debe quedarse solamente en las elecciones; debemos incidir en los espacios disponibles, como las audiencias públicas, referéndums, agrupaciones de ciudadanos que estudian las diferentes acciones de las instituciones públicas y los poderes del Estado, espacios de diálogo y manifestaciones para la vigilancia y exigencia de rendición de cuentas sobre la administración pública. También debemos informarnos lo más posible antes de tomar decisiones importantes, así como promover un acceso a la información transparente e inclusivo para todos los sectores sociales.
