El 16 de mayo se firmó un decreto ejecutivo que declaró emergencia nacional la defensa y el combate contra los ciberataques a instituciones, decisión correcta pero que requiere acompañarse de acciones congruentes con la magnitud de la amenaza y la urgencia que el mismo presidente definió como “estado de guerra”.
Ese día se presentó al país un grupo de especialistas pertenecientes a varias instituciones al que denominó con gran simbolismo SWAT, anglicismo que se aplica a fuerzas considerablemente entrenadas y eficientes, a lo que se agregó una flotilla de vehículos del ICE, a los que se definió como “insumo vital para el levantamiento de la información”. Ante este despliegue nos llenamos de optimismo porque la respuesta era acorde con la amenaza.
Se fijó un plazo de dos semanas para tener un estado de situación de más de doscientas instituciones; sin embargo, seis semanas después es aún desconocido. Se designó al ICE como el eje o director de la misión; no obstante, su papel se limitó a colaborar con un soporte básico de acompañamiento al llenado de formularios que elaboró el Micitt, presumo realizada la labor en línea. Una vez más el ICE y su jerarquía no responden al presidente.
Cabe resaltar, como una de las dificultades del mapeo, que los funcionarios en las instituciones podían colaborar compartiendo su tiempo con sus responsabilidades habituales y únicamente en jornada ordinaria. ¿Es este un verdadero sentido de urgencia congruente con la declaratoria de emergencia nacional?
Más preocupantes aún son las declaraciones de Diego González, coordinador de ciberseguridad de Camtic, quien señala graves problemas de comunicación.
No hay que ser especialista en seguridad y contención de un problema para saber que si los miembros del equipo no tienen buena comunicación o no dan información de calidad, es imposible levantar la base de datos necesaria para tomar buenas decisiones.
Pregunto, en vista de la aseveración de que hay “nacionales ayudando a quienes nos atacan”, si ya se procedió a la formalización de la denuncia ante los tribunales de justicia y órganos de investigación para que con la mayor premura se detenga a los responsables, puesto que, por los efectos de sus actos, son verdaderos traidores a la patria.
La autora es politóloga.
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Especialistas del Grupo ICE tienen a cargo el mapeo de ciberseguridad en las 324 instituciones públicas para prevenir el ataque de los 'hackers'.
