Armando González R.. 8 diciembre, 2019

La Asamblea Legislativa tendrá el martes una nueva oportunidad para eliminar el voto secreto en la elección de magistrados. La primera se presentó durante el debate sobre la continuación del magistrado Paul Rueda en el cargo. Fue derrotada, aunque al final los legisladores hicieron público su voto sobre el asunto de fondo.

Si alguno pensó que aquella concesión a la transparencia facilitaría, en el futuro, preservar el voto secreto, se equivocó por partida triple. Primero, menospreció la capacidad del sigilo para prohijar maniobras escandalosas, como la del candidato sorpresa apoyado el miércoles por una docena de diputados para estupor del país y de los demás legisladores.

En segundo lugar, desoyó claras advertencias de la Sala IV y la Procuraduría General de la República sobre la recta interpretación del artículo 117 de la Constitución Política, a cuyo tenor la publicidad admite muy pocas excepciones en los procedimientos legislativos. La Sala reafirmó esa regla en un fallo contra varios artículos del reglamento del Congreso, pero no se pronunció sobre el voto secreto en la elección de magistrados porque la acción no lo cuestionó específicamente.

Otra gestión, todavía en trámite, procura corregir la omisión y, a juzgar por los precedentes, el voto secreto difícilmente sobrevivirá el examen de constitucionalidad. Si la Asamblea Legislativa no modifica el reglamento, es probable que los magistrados lo hagan, con inevitable descrédito para el Congreso.

La tercera equivocación de quien haya soñado preservar la opacidad del pasado es desatender los reclamos de la ciudadanía, empeñada en instaurar la transparencia. Son otros tiempos y nadie se conforma con menos. Los diputados, como representantes populares, ya no pueden aspirar a votar de espaldas a sus electores. La iniciativa #VotoPúblicoYa es una primera reacción a los vergonzosos hechos del miércoles. No será la única.

Si no son los escándalos, será la Sala Constitucional; y si no son los magistrados, será la presión de la ciudadanía, pero el reglamento cambiará. La Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de adelantarse. Si la aprovecha, recuperará prestigio y credibilidad, para sí misma y para la Corte Suprema de Justicia, cuya integración no debe ser objeto de cuestionamientos y escándalos a cada paso. La transparencia debe gobernar todo el proceso, incluidas las actuaciones de la Comisión de Nombramientos, pero no está mal comenzar por el plenario.

agonzalez@nacion.com

Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.