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Elecciones y ciudadanía para Sergio Ramírez

Coinciden, en estos días, dos hechos que tienen significación cívica, además de efectos políticos y jurídicos relevantes

Coinciden en estos días dos episodios que tienen en común significación cívica, además de efectos políticos y jurídicos relevantes. Uno, el traslado del mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con motivo de las elecciones nacionales; otro, el proyecto para conferir la ciudadanía honoraria al escritor Sergio Ramírez, quien radica en el país debido a la persecución en el suyo.

En el primer caso, la Constitución dispone que en el período electoral corresponde al TSE dictar, con respecto a la Fuerza Pública, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de libertad irrestricta. A esto se agrega que, en caso de que esté decretado el reclutamiento militar, podrá igualmente el Tribunal dictar las medidas adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos puedan emitir libremente su voto.

De esto último deduzco, por extensión, que corresponde también al Tribunal dictar las medidas cuando se presenten circunstancias que afecten gravemente la salud pública, como sucede hoy con la pandemia; para este fin, las autoridades sanitarias están obligadas a proveerle apoyo técnico y logístico.

Como se observa, es recurrente la mención de la libertad como un bien mayor: me recuerda aquello de que si una nación valora alguna cosa más que la libertad, perderá la libertad. La transmisión del gobierno de la Fuerza Pública y su sumisión a la función electoral es un dato de identidad democrática, una herencia admirable: honor a los que la concibieron, porque, parafraseando a un escritor latinoamericano, cuando falta la luz y todo es oscuro, la única forma de no perder el rumbo es mirar hacia atrás.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa podría conferir la ciudadanía honoraria al escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Esta es una facultad exclusivamente legislativa, de iniciativa de los propios diputados, se vota en una sola sesión y no requiere sanción del Poder Ejecutivo. Para el caso, reviste, en cierto modo, las proporciones de una forma de asilo, a tono con una tradición que nos honra. El reproche o la censura de la obra literaria del escritor, que tiene el mayor reconocimiento en lengua española, no debiera ser objeto del juicio de los legisladores, al contrario de lo que acontece en Nicaragua.

carguedasr@dpilegal.com

El autor es exmagistrado.