EscucharEn la misma semana en que trascendió que el gobierno de Laura Fernández le dio un pellizco millonario al presupuesto del Poder Judicial, resultó que el OIJ y la Fiscalía detuvieron al hombre más buscado por la justicia costarricense.
La captura ocurrió gracias a una de las investigaciones judiciales más complejas y peligrosas de la historia reciente del país.
Esta operación no solo asestó un golpe contundente al crimen organizado, sino que confirmó el decisivo papel que desempeñan el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público en favor de la seguridad nacional.
En los últimos meses, los costarricenses hemos sido testigos casi a diario de los operativos liderados por ambas instituciones para desmantelar organizaciones dedicadas a todo tipo de modalidades delictivas.
Dichas intervenciones no son obra de la casualidad. Son producto de laboriosas pesquisas desarrolladas por especialistas con el apoyo de herramientas tecnológicas, estrategias de seguimiento y meticulosos planes de intervención.
Todos estos recursos resultan, ahora más que nunca, indispensables para contrarrestar a grupos que cada vez muestran mayor grado de sofisticación a la hora de delinquir y que cuentan con medios casi ilimitados para actuar.
Los resultados de los operativos están a la vista del que quiera verlos. Por ello, resulta totalmente inadmisible el empeño mostrado por el anterior gobierno y el actual para estrangular financieramente el Poder Judicial.
La más reciente maniobra trascendió el lunes 20 de julio, cuando las autoridades de la Corte denunciaron que el Ministerio de Hacienda les dejará de girar ¢3.053 millones que ya estaban presupuestados para este año.
Alertaron de que dicho recorte limitará la realización de operativos del OIJ, impedirá adquirir licencias de software y plataformas para análisis criminal, afectará la atención y protección de víctimas y obligará a reprogramar juicios.
En paralelo a los recortes de dinero, la presidenta insiste en desacreditar a la Corte y a sus principales líderes, al tiempo que aboga por la aprobación de una serie de reformas al Poder Judicial cargadas de errores técnicos y legales.
Además, los diputados del oficialismo mantienen en jaque la operación de la Sala Constitucional al bloquear la elección de magistrados suplentes.
¿De qué se trata todo esto? ¿Será cierto que el chavismo quiere tomar el control de la Corte a la brava?
Si fuese así, lo más grave es que se pretenda socavar un poder de la República que, al igual que el Ejecutivo y el Legislativo, tiene agudos problemas que debe resolver, pero cuya solvencia e independencia son indispensables.
El Poder Judicial no debe ser secuestrado por Zapote. Eso no les conviene ni a la ciudadanía ni al propio gobierno.
