Superada la pifia del año carcelario y del anuncio de algo que existe hace décadas, sigue produciendo estupor la puesta en escena que ha hecho el gobierno con el tema penitenciario. Primero, vender la idea de que están acabando las “alcahueterías” cuando empezó, hace un mes, el quinto año del mismo grupo político en el poder es francamente inexplicable. Si había tantos excesos, ¿por qué no se hizo nada desde el 2022? Espectáculo.
Los videos en los centros penales del ministro de Justicia haciendo recorridos con frases e imágenes que, claramente, están calcando las que hemos visto en El Salvador son penosos, por muchos likes que consigan. Nayib Bukele es un autócrata, sí, pero, al menos, original. Lo otro es una versión forzada y sin ningún sentido. Esto es lo peor. Frente al legítimo hartazgo ciudadano, el presidente salvadoreño convirtió a maras y pandillas –grupos esencialmente identitarios unidos por algo más que el deseo de lucro– en el enemigo por abatir. Costa Rica, por suerte, no tiene maras y pandillas. Los módulos que recorre el titular de la cartera –con gorrita y jacket de policía– están poblados de gente que, en su mayoría, ha cometido delitos comunes.
Los grupos criminales que padecemos aquí funcionan a partir de otras claves. Por tanto, cualquier paralelismo entre una realidad y otra, incluso en un simple nivel comunicacional, es ridículo. Hasta el atrezzo más básico requiere de cierta consistencia para que sea verosímil. Espectáculo.
Finalmente, la gran medida anunciada hasta ahora es que se están limitando las raciones de comida que envían los familiares –casi siempre mujeres– a sus hijos, esposos o padres privados de libertad. Quienes hemos estado cerca del sistema sabemos que es verdad que el Estado no es capaz de cubrir las necesidades alimentarias de la población penal.
Y esto me lleva a lanzar dos preguntas: en un país con raíces cristianas, con una jefa de Estado que se fue, con lágrimas en los ojos, a pedir la protección de la Virgen de los Ángeles para su mandato, ¿cómo se puede encajar semejante contradicción moral y, más importante aún, cuán degradada puede estar una sociedad que se convence de que, para mejorar los índices de seguridad, la respuesta es tener a un grupo de personas con hambre? Espectáculo y crueldad.
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Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.