Columnistas

El MOPT necesita un cambio profundo

La reestructuración es labor clave para el mejoramiento de la competitividad

El próximo gobierno y el Congreso deben centrarse en ordenar la estructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como labor clave para el mejoramiento de la competitividad.

El MOPT adolece de serios problemas de planificación, control, evaluación, recursos humanos y financieros. Su organización es compleja y obsoleta debido a la existencia de una serie de departamentos y una estructura administrativa cara.

El primer paso debiera ser una reestructuración administrativa y consolidar los departamentos de contraloría, informática, planificación, relaciones públicas, asesoría legal, servicios generales, seguridad, finanzas, proveeduría y capacitación. Paralelamente, debe evaluarse la estructura organizativa.

El ministro de Obras Públicas y Transportes tiene a su cargo la planeación del transporte, ingeniería de tránsito, educación vial, transporte marítimo y aéreo, obras portuarias, navegación, seguridad, atención de emergencias, edificaciones nacionales, ingeniería de obras públicas, obras pluviales y puentes.

Para “mejorar su productividad”, fueron inventados los órganos desconcentrados para transferirles ciertas funciones administrativas y operativas, pero sin evaluar previamente su costo, eficiencia y operatividad.

A esos órganos luego se les dio desconcentración máxima y personería jurídica instrumental. El resultado fue la limitación de la autoridad y la capacidad administrativa del ministro.

Con esas ingeniosas figuras legales, el ministro lo único que tiene es facultad de revisión o de avocación, es decir, que los órganos de máxima desconcentración son unidades que planifican, proponen y ejecutan, sin que el jerarca tenga ninguna responsabilidad ni dirección directa.

Está claro que lo que se creó fueron órganos públicos que manejan sus propios recursos y son totalmente independientes, con derechos y obligaciones.

En el 2021, el Ministerio de Hacienda tomó la decisión de incorporarlos al plan de gastos del Gobierno Central, con el fin de tener mayor control presupuestario.

Lo anterior implicó que las plazas pasaron a ser pagadas con presupuesto nacional, sin la eliminación de las personerías jurídicas y manteniendo las estructuras organizacionales y sus responsabilidades.

Ha significado, en muchos casos, duplicidad de funciones, ineficiencia, conflictos, falta de control y de medición, ingobernabilidad y aumento de gastos.

Es inconcebible que un ministro no tenga mando, ni responsabilidad directa, ni pueda exigir rendición de cuentas al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), al Consejo de Transporte Público (CTP), al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ni al Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC).

El ministro carece de la autoridad para girar directrices, establecer mediciones de productividad y exigir transparencia. En el Conavi, el ministro es un director más en una junta directiva de siete miembros, donde hay representantes del sector privado, gobiernos locales y asociación de carreteras.

En el CTP, hay representantes de autobuseros, taxistas y usuarios. En el CTAC, por su carácter técnico y debido a regulaciones internacionales, su cuerpo directivo es nombrado por el gobierno, y se compone de profesionales provenientes de los sectores turístico y de la aviación.

El CNC, por su parte, es dirigido por los ministros de Transportes, Hacienda y Planificación, el presidente del Banco Central, un representante de la Unión de Cámaras, un representante de la Federación de Colegios Profesionales y un representante de las confederaciones sindicales, cooperativas y solidaristas. Es una estructura muy compleja.

El CNC debe ser una institución técnica, para evaluar y vigilar los proyectos de infraestructura y los servicios en concesión, dentro de un esquema de alianzas público-privadas. Requiere fortalecimiento financiero y humano, y una figura jurídica que le brinde agilidad administrativa y técnica para contratar especialistas que evalúen la viabilidad social y económica de las nuevas inversiones, y garantice transparencia, seguridad, calidad y una gestión integral.

Sería un grave error mantener la estructura del MOPT. Bien haríamos en ubicarlo, junto con los órganos desconcentrados, en un solo edificio, en el proyecto Ciudad Estado. Eso reduciría el doble pago de alquileres y los elevados gastos administrativos.

Reestructurar los consejos devolverá la gobernabilidad, pero, sobre todo, promoverá la planificación y la productividad para salir de la crisis. El país necesita cambios estructurales y voluntad política para ejecutarlos.

jorge.woodbridge@icloud.com

El autor es ingeniero.

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