El MEP contra los datos

Las ideas expresadas por el exministro de Educación Leonardo Garnier en su artículo “El amor y el sexo, ¿con educación o sin ella?” nos señalan en buena medida por qué tal decisión debe ser considerada como un retroceso del derecho de los estudiantes a una educación de buena calidad, especialmente considerando que los datos apuntan a que estos programas han contribuido al éxito en la reducción del porcentaje de nacimientos de madres adolescentes, que pasó del 19 % en 2012 (cuando se inició el programa) al 9 % en 2023. Como ha señalado el Estado de la Educación, este logro requiere ser protegido.

La pregunta, entonces, es cuál fundamentación técnica utilizó el Ministerio de Educación (MEP) para justificar la propuesta. Si está basada en evidencia, ciertamente la decisión contradice lo que revelan los datos. Veamos.

En 2018, el MEP comenzó a medir el número de estudiantes que asistían a la lección de esta asignatura. En ese año, el 70 % de los alumnos de décimo año recibieron las clases, pero la situación no fue la misma en todo el país. En 23 cantones, la cobertura fue muy baja y solo el 50 % de los jóvenes matricularon la materia, sobre todo los residentes en zonas costeras o fronterizas, donde la tasa de embarazo adolescente era del 14,7 %.

La asistencia mejoró y, en 2023, el 67 % de los estudiantes de estas comunidades recibían las clases de afectividad y sexualidad, al mismo tiempo que la tasa de embarazo adolescente se redujo al 9,5 %.

Si bien estos números no demuestran una relación de causalidad, constituyen al menos un indicio del posible impacto de los programas en algunas regiones del país, especialmente las de menor desarrollo humano y social, algo que el MEP debió explorar en detalle antes de tomar una decisión con tantas implicaciones para el país en materia de salud sexual y reproductiva.

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