Tres respetadas organizaciones civiles, vinculadas con la transparencia y la integridad, han activado la alerta por “el debilitamiento y deterioro sostenido” en el proceso hacia el gobierno abierto en Costa Rica. Tienen razón. Quince años después de que se estableciera en el país la Alianza para tal fin (parte de una red global), las tendencias más recientes son decepcionantes.
El índice incluido en Perspectivas del gobierno digital 2026, documento de la OCDE con datos de 2025, nos coloca en el último lugar entre sus 38 miembros, con 0,45 puntos de uno posible. Hemos tenido avances desde 2023, pero más en el diseño y el impulso de los usuarios que en la acción pública. Y aunque gobierno digital y abierto no son lo mismo, el primero es una condición indispensable para el segundo.
Más allá del dato, los hechos revelados por Costa Rica Íntegra, Accesa y la cooperativa Sulá Batsú apuntan más al cierre que a la apertura gubernamental.
La Comisión Nacional de Datos Abiertos no se reúne desde junio. La Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción está retrasada. La Ley de Acceso a la Información Pública, emitida en noviembre de 2024, no ha sido reglamentada, pese al plazo de dos meses que la Sala Constitucional dio al Ejecutivo en marzo de este año. Además, hemos retrocedido en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, y caído estrepitosamente en el de Libertad de Prensa que elabora Reporteros sin Fronteras.
A lo anterior se une un hecho alarmante. La ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, quien debe proteger la integridad de la infraestructura digital, aún se niega a revelar quién negoció con los ciberdelincuentes que robaron y luego vendieron información crediticia de costarricenses a un supuesto “tercero” que, a su vez, la entregó a esa cartera. ¿A cambio de qué? La negociación es ilegítima; mantener en su poder tal información, inaceptable.
El gobierno abierto va más allá de respetar derechos ciudadanos. Según la propia OCDE, contribuye a “mejorar la transparencia, impulsar la innovación en el sector público, empoderar a las personas y volver los procesos de diseño de políticas públicas más representativos, incluyentes y efectivos”. Es lo que al Poder Ejecutivo no parece interesarle.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.