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Un jurado en Estados Unidos condenó recientemente a dos grandes plataformas digitales al pago de varios millones de dólares por los daños causados a una menor usuaria, al concluir que el diseño de sus aplicaciones contribuía a generar un uso intensivo difícil de interrumpir.
No se trató de un juicio sobre el contenido que circulaba en ellas ni sobre la conducta de terceros, sino sobre la arquitectura misma de las plataformas. Aunque su desenlace definitivo aún está por verse en instancias superiores, el caso ya marca un punto de inflexión en la forma en que el derecho empieza a aproximarse a estos entornos digitales.
Casi al mismo tiempo, Brasil adoptó una medida que, hace apenas unos años, habría parecido impensable: limitar los sistemas de reproducción continua y navegación infinita en redes sociales para menores de edad. No se trata de censurar contenidos, de prohibir las redes sociales a menores, ni de restringir la libertad de expresión. Se trata de intervenir en el diseño mismo de las plataformas.
Ambos hechos, aparentemente aislados, responden a un mismo cambio de fondo. Durante años, la regulación abordó el entorno digital a partir de una pregunta: ¿quién es responsable por lo que se dice o se publica en línea? De ahí surgieron debates sobre moderación de contenido, libertad de expresión y las inmunidades de las plataformas como meros intermediarios. Ese enfoque empieza a quedarse corto.
La discusión se mueve hacia otro terreno. Ya no se trata solo de lo que circula en las plataformas, sino de cómo están construidas estas. Es decir, de la arquitectura que organiza la experiencia del usuario y que, en muchos casos, está diseñada para maximizar el tiempo de permanencia, la interacción constante y la repetición de ciertos comportamientos.
Funciones como la reproducción automática de contenido, el desplazamiento infinito (infinite scrolling) o los sistemas de recomendación altamente personalizados no son configuraciones inofensivas. Son decisiones de diseño que reducen la fricción, eliminan puntos naturales de pausa y, en la práctica, dificultan la desconexión de adultos y menores. En una economía de la atención, sostenerla es el objetivo último.
En la práctica, muchos padres terminamos compitiendo en desventaja por la atención de nuestros hijos frente a sistemas diseñados con inversiones de cientos de millones de dólares para capturarla y retenerla mediante mecanismos de recompensa inmediata que apelan a respuestas neuroconductuales. En ese contexto, apelar únicamente a la disciplina individual resulta, cuando menos, insuficiente.
Durante mucho tiempo, estas características fueron presentadas como mejoras en la experiencia del usuario o como herramientas de personalización. Hoy empiezan a ser examinadas desde su impacto en la conducta y, en ciertos casos, en la salud mental, especialmente de personas menores de edad.
Este cambio de enfoque tiene implicaciones regulatorias profundas. Supone, en primer lugar, cuestionar la idea de que las plataformas digitales son actores neutrales o simples intermediarios ajenos a lo que circula en ellas. Cuando el diseño influye de manera sistemática en el comportamiento de los usuarios, la neutralidad deja de ser sostenible.
En segundo lugar, abre la puerta a formas de responsabilidad que no dependen del contenido, sino del producto en sí mismo, como sucede en otras industrias como el tabaco o ciertos productos farmacéuticos, en donde el derecho ha intervenido no solo por lo que se consumía, sino por cómo estaba concebido el producto y por los efectos previsibles de su uso.
En Costa Rica, esta discusión aún es incipiente, y la dimensión del diseño digital y sus efectos en el comportamiento todavía no ocupan un lugar central en la agenda. Estos casos recientes en Estados Unidos y Brasil, centrados precisamente en el diseño de las plataformas, sugieren que la respuesta no pasa necesariamente por excluir a las personas menores de edad del entorno digital.
Las propuestas que apuntan a prohibiciones generales de acceso a redes sociales como en Australia o algunos países europeos pueden resultar fáciles e intuitivas, pero plantean riesgos evidentes, entre ellos la limitación de espacios de expresión, interacción y desarrollo que hoy forman parte de la vida social contemporánea.
Regular el diseño, en cambio, permite un enfoque más preciso. No se trata de impedir el acceso, sino de cuestionar las condiciones en que ese acceso ocurre, qué incentivos se construyen, qué mecanismos capturan la atención y qué salvaguardas existen para evitar usos intensivos o perjudiciales. Desde esta perspectiva, la regulación no excluye, pero corrige.
Por eso, cualquier decisión que se adopte a nivel local debería ser cautelosa y cuidadosamente analizada. La tentación de respuestas rápidas, especialmente frente a fenómenos que generan preocupación legítima, suele conducir a soluciones simplistas.
El problema dejó de ser únicamente qué vemos en las pantallas, para pasar a ser la forma en que las pantallas están diseñadas para que no las dejemos de ver.
m@mauricioparis.com
Mauricio París es abogado experto en Tecnología, Medios y Telecomunicaciones.
