Escuchar
El día después de unas elecciones siempre es incómodo; incluso para quienes celebran. Mucho más para quienes no comparten el resultado. Sin embargo, ese día –hoy– es cuando se pone a prueba la consistencia democrática de un país. No durante la campaña, no en la euforia del triunfo ni en la frustración de la derrota, sino en la aceptación serena del mandato popular, aun cuando no nos guste.
Al momento de escribir este artículo, aún se desconoce el resultado electoral. La jornada se ha desarrollado con el civismo que ha caracterizado al país, bajo la conducción del Tribunal Supremo de Elecciones y con la participación activa del pueblo, ya sea como autoridad electoral en las urnas o como votante. Con algún incidente menor, el cierre de las urnas dará paso al conteo de los votos y a la definición de triunfadores y vencidos, con un ganador común: la democracia, nuevamente respetada.
Estas elecciones han sido calificadas, sin exceso retórico, como las más importantes desde la fundación de la Segunda República. Más que una contienda entre partidos, han enfrentado visiones de país y formas de entender la democracia, con la continuidad del proyecto político denominado “chavista” –orientado a la concentración del poder– como uno de los ejes centrales en disputa.
La campaña se desarrolló en un ambiente marcadamente polarizado, atravesado por el enojo, la desconfianza y la descalificación del “otro”. Con frecuencia, el debate programático fue desplazado por el choteo, el insulto o la sospecha, un tono particularmente visible desde el oficialismo, aunque no exclusivo de este. En paralelo, se articuló una campaña abiertamente anticontinuista, cuyo eje principal no fue la construcción de un proyecto común, sino el llamado a frenar la permanencia del actual grupo en el poder.
Las encuestas del CIEP-UCR y del Idespo-UNA estimaron una intención de voto ampliamente favorable a la candidata oficialista Laura Fernández, incluso con la posibilidad –inusual en la historia reciente– de una victoria en primera ronda. Si esos datos se confirman en las urnas, este artículo no podía anticiparlo; lo que sí quedaba claro era el escenario planteado.
Rodrigo Chaves, figura central de este proceso, supo interpretar con eficacia el malestar social y transformarlo en capital político. Más allá de preferencias o no, por su estilo, resulta difícil negar su capacidad para potenciar ese descontento. Detrás de su figura parece operar un entramado más amplio de actores económicos y políticos que han encontrado en este estilo confrontativo una vía para concentrar el poder. En ese sentido, Chaves no sería el arquitecto único del proyecto, sino una pieza clave de un engranaje mayor, presente en la contienda desde el día de su juramento, aun sin participar formalmente en ella.
La propia candidata oficialista, Laura Fernández, ha reconocido, sin ambages, que encarna una continuidad directa del actual mandatario, que sería una delfina que seguiría fielmente sus lineamientos. Esa afirmación, lejos de despejar dudas, plantea interrogantes legítimas sobre la autonomía del Ejecutivo y el respeto al equilibrio de poderes. Si ese continuismo se viera, además, respaldado por una mayoría legislativa afín, el escenario que se abre exigiría una vigilancia ciudadana activa y madura.
Podríamos estar asistiendo –hipotéticamente– al inicio de un proceso de erosión institucional que, paradójicamente, se presenta como “el cambio”. Uno que se alimenta más de la emoción que del razonamiento, más del agravio acumulado que de la evidencia. Durante esta campaña, los datos, los análisis técnicos y los argumentos racionales parecieron tener un impacto limitado frente a una narrativa emocional que interpeló a quienes sienten que el sistema les falló.
Y sería deshonesto negar algunas de sus fallas: ineficiencia, desigualdad, lentitud institucional y corrupción. Pero, aparejado, ha habido múltiples aciertos que le dieron a Costa Rica un sitio de honor en el concierto de las naciones. Lo que resulta irónico –y preocupante– es que el gobierno que se presentó como el gran corrector de esos males ha producido, en apenas cuatro años, una abundancia de aquello mismo que tanto denunció. Lo hizo mediante la confrontación permanente, el debilitamiento institucional, la opacidad en decisiones clave y una relación tensa con los contrapesos democráticos.
Aun así, si el resultado electoral favorece al oficialismo, corresponde aceptarlo. No porque sea necesariamente justo o deseable, sino porque es legítimo. Porque fue decidido por quienes acudieron a las urnas. Porque, al final, ganó la minoría mejor organizada –o quizá la menos desorganizada– en un país donde la abstención sigue siendo el gran actor silencioso.
La democracia no garantiza siempre buenos resultados; garantiza la cabalidad procedimental. Respetarlos es una condición mínima para preservar el juego democrático.
El día después –hoy– no es para incendiar el país ni para negar la realidad. Es para asumirla con serenidad, sin renunciar a la crítica, sin abdicar de la vigilancia, sin caer en el resentimiento. Quienes no compartan el rumbo que se abre –si ese es el caso– tendrán la responsabilidad de construir una oposición responsable, informada y firme. No desde el insulto, no desde el miedo, sino desde la defensa clara de los principios republicanos.
juan.romero.zuniga@una.ac.cr
Juan José Romero Zúñiga es médico veterinario, epidemiólogo y académico investigador en la UNA y la UCR. Ha publicado múltiples artículos científicos en revistas internacionales.
