Columnistas

El comando SWAT

Han pasado tres semanas desde que la Casa Presidencial asumió el control de la estrategia para combatir los ciberataques del grupo Conti sin que, de momento, se vislumbre una pronta solución.

Mediante un decreto ejecutivo, la especialidad de la casa, el gobierno declaró emergencia nacional debido a la infiltración de los hackers en las plataformas digitales de varias instituciones públicas.

Incluso, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, integró un comando SWAT con representantes de varios ministerios para enfrentar lo que él mismo calificó de una “guerra” contra “terroristas”.

A pesar de su intención de comerse esta bronca, los ciberdelincuentes asestaron esta semana un nuevo golpe al ocasionar un apagón tecnológico en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Hospitales y clínicas públicas tuvieron que retomar trámites en papel, pues la CCSS se vio en la necesidad de apagar los sistemas clave, entre estos el expediente digital, para evitar la sustracción de datos sensibles.

Lo anterior originó retrasos en la atención de asegurados, la cancelación de citas en varios centros de salud y suspensión del proceso para obtener nuevas.

Conforme pasaron las horas se descubrió que el impacto del hackeo en la CCSS era más grave de lo pensado, pues alcanzó al 53% de los servidores y al 22% de las computadoras.

Las autoridades de la institución no se atreven a descartar que el ataque haya afectado información sensible de la entidad y los asegurados.

Este no es, sin embargo, el único frente abierto que tiene el comando SWAT de Chaves, puesto que también se habla de que hay cuando menos 27 instituciones perjudicadas y se sospecha que Conti tiene cómplices en el país.

A estas alturas, ni siquiera ha sido posible reconectar las plataformas que el Ministerio de Hacienda debió apagar el 18 de abril, lo cual incide en importaciones, exportaciones y pago de impuestos y salarios.

Los costarricenses sabemos muy poco sobre las acciones concretas del equipo antiterrorista de la Casa Presidencial, los resultados y los plazos fijados para normalizar los servicios.

Nos piden paciencia porque el problema es muy complejo. Sin duda lo es, pero, en esta “guerra”, un poquito más de transparencia e información al ciudadano siempre se agradece.

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