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El conjunto de cambios sociales negativos que ha venido teniendo nuestro país y que afectan particularmente a niños, adolescentes y jóvenes, se reconfirman con el X Informe del Estado de la Educación.
Los datos duros evidencian las nefastas consecuencias sobre la población adolescente y joven de la crisis del sector educativo y, si este análisis lo extendiéramos a salud o a protección, encontraríamos también cifras alarmantes de deterioro en la atención de estos grupos etarios, lo que completa el círculo perverso que se ha instalado en Costa Rica y que compromete el presente y el futuro de nuestra sociedad, así como la paz social.
Menciona el citado informe que el presupuesto para el MEP en el año 2026 va a ser de un 4,6% del PIB, un retroceso de 20 años. Plantea que revertir esta situación, invirtiendo un 8,5% o un 10% anual implica que se tardarían 18 años o 10 años, respectivamente, para regresar al porcentaje constitucional del 8% del PIB para educación. Lo anterior va más allá; es una responsabilidad ética, si sabemos que el 35% de nuestros niños y adolescentes son pobres.
Queda más que clara la urgencia de actuar, ya si pretendemos revertir los pronósticos negativos de este momento, entre ellos el ser el tercer país más desigual de Latinoamérica, después de Colombia y Brasil.
Un ejemplo de este abandono y retroceso es la inconcebible reducción de 110.000 becas del programa Avancemos. Datos del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, revelan que 100 becas menos dejan a 15 jóvenes fuera de las aulas y que estas transferencias representan el 39% de los ingresos de los hogares en pobreza extrema y el 22% en los hogares en pobreza no extrema.
Y se añade a la indefensión de nuestros adolescentes la eliminación absurda y sin justificación técnica del Programa de Afectividad y Sexualidad del MEP.
Es evidente que este deterioro se refleja en un mal desempeño educativo y, aquí, las pruebas PISA son un termómetro para medir el estado de la educación secundaria. En 2022, en Matemáticas, hubo un descenso considerable en relación con el 2018, pues se cayó de 402 a 385 puntos, la peor posición regional. En lectura, el promedio fue de 415 puntos, 11 puntos menos que en 2018, y en Ciencias, el promedio fue de 411 puntos, 5 menos que en 2018. Comparados con los 37 países de la OCDE, ocupamos los últimos lugares, el puesto 35 o 36 en las tres áreas evaluadas.
Se suma a este panorama el porcentaje de personas de 15 a 29 años que no estudia, no trabaja y no recibe capacitación alguna. Al ser esa cifra en Costa Rica de entre 23% y 25%, hablamos de unos 180.000 jóvenes, lo que nos ubica como el tercer país de la OCDE con el mayor número de personas en esta condición, después de Sudáfrica y Turquía.
Lo anterior se complementa con los bajos logros universitarios, pues solo el 33% de los jóvenes que terminan secundaria ingresa a universidades, cuando el promedio de la OCDE es de 49%. El Informe plantea, como una meta realista si se toman las medidas políticas adecuadas, que dentro de una década pueda subirse ese porcentaje a 50%.
Al analizar la situación en perspectiva, el Informe del Estado de la Educación concluye que el deterioro de la educación se acentuó en este gobierno, ya no solo por los rezagos estructurales y el llamado “apagón educativo”. A ello se sumó una gestión deficiente o ausente, elemento que es vital para la gobernanza.
Como consecuencia de todo lo anterior, la exclusión escolar se enseñorea y no es casual que entre los años 2021 y 2024, 245 personas menores de edad fueron condenadas por delitos contra la vida; el 46,5% corresponden a tentativas de homicidio y el 31,4%, a homicidios.
Las denuncias por delitos cometidos por personas menores de edad pasaron de 5.059 en 2021 a 12.591 en 2024, un incremento del 149,8%. Asimismo, los abusos sexuales cometidos por personas menores de edad pasaron de 1.116 en 2010 a 2.422 en 2023, un aumento del 117%. Además, en 2023, el 45,7% de las víctimas de homicidios, el 36,9% de los suicidios y el 34,5% de los accidentes de tránsito se dieron en personas de entre 10 y 30 años.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una donación de $44 millones para apoyar en Haití a jóvenes vulnerables con edades de 15 a 35 años, con énfasis en quienes no estudian, no trabajan y no reciben formación. Lo anterior, con la finalidad de reducir el riesgo de violencia y exclusión escolar y favorecer la creación de empleos. Si bien las condiciones de vida en Haití no son comparables con las de Costa Rica, ¿por qué no es posible desarrollar proyectos país similares e incluso, dadas las condiciones actuales, negociar con organismos internacionales para obtener apoyo para los jóvenes en condiciones adversas y de vulnerabilidad?
Sin duda, uno de los grandes temas centrales y estratégicos por atender, es mejorar la calidad y el acceso a la educación en todos sus niveles. Sin embargo, hay otros frentes también que demandan acciones urgentes (salud, protección, empleo juvenil y vivienda, entre otros), por lo que, hoy como nunca, requerimos decisiones políticas que vayan más allá de los partidos políticos.
No se pueden obviar los graves errores de los partidos tradicionales, que nos llevaron al actual estado de las cosas, pero profundizar el deterioro social como revanchismo hace que las víctimas sean las personas en mayor vulnerabilidad. Sin un verdadero pacto social patriótico que combata la polarización, no saldremos adelante. ¿Habrá un partido político o un –o una– futura estadista que tenga la voluntad, la sensibilidad y el conocimiento para asumir este reto?
morabecr@gmail.com
Alberto Morales Bejarano es pediatra; fue fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años.
