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Resulta casi irónico y profundamente vergonzoso que Costa Rica, el país que impulsó el Acuerdo de Escazú y le dio su nombre, haya decidido archivarlo. No solo no lo ratificamos, sino que la Asamblea Legislativa lo mandó al olvido en 2023, justo cuando el planeta grita por más democracia ambiental. Somos el país que se vende al mundo como “verde” y defensor de los derechos humanos, pero, a la hora de la verdad, prefiere ceder ante los intereses de las cámaras empresariales y los grupos que temen perder privilegios.
El Acuerdo de Escazú no es un capricho. Es una herramienta que garantiza que las personas podamos acceder a la información ambiental, participar en las decisiones que afectan nuestros territorios y exigir justicia cuando se violan derechos. En otras palabras, democratiza el poder. Por eso incomoda. Porque cuando la gente participa, se acaban los proyectos impuestos, los extractivismos disfrazados de progreso y los secretos entre políticos y empresas.
Los argumentos usados para enterrarlo fueron una cadena de excusas: que ya tenemos leyes suficientes, que genera inseguridad jurídica y que ahuyenta la inversión. En realidad, lo que molesta no es el tratado, sino la posibilidad de que el pueblo cuestione decida y tenga voz. Detrás de esa decisión hubo lobby, desinformación y un miedo profundo a perder control.
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Y mientras tanto, somos nosotros, las personas jóvenes, las que tenemos que presenciar el espectáculo. Somos a quienes nos toca ver a un ministro de Ambiente que no parece saber qué es la gentrificación y a un presidente de la República que dijo que “nunca" firmaría el Acuerdo de Escazú subir al escenario de la Conferencia de los Océanos, en Niza, para decir, sin sonrojarse, que “Costa Rica es un ejemplo de protección oceánica”. La incoherencia se ha vuelto política de Estado.
Por eso, de cara a las elecciones de 2026, no podemos permitir que el Acuerdo de Escazú quede fuera del debate público. Debemos escuchar a las candidaturas hablar de él; exigirles una posición clara y cuestionar a quienes lo atacan o lo ignoran.
El silencio también es una postura y no puede ser la nuestra. Defender el Acuerdo de Escazú es defender nuestro derecho a un futuro digno, a una democracia que respire y a un país que no tema mirarse al espejo sin cinismo. Las nuevas generaciones no podemos ser indiferentes: el Acuerdo de Escazú es el pacto entre la gente y la vida. Y no vamos a dejar que lo archiven otra vez.
Keneduar Gerardo Herrera Herrera es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR).
