EscucharEl Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció una ejecución presupuestaria del 99,2% en 2025, presentada como la más alta de su historia. Sin embargo, una revisión técnica muestra que ese porcentaje no es directamente comparable con los de años anteriores.
Según una certificación de la Dirección Financiera del propio MEP, con datos preliminares al 30 de diciembre de 2025, la ejecución real fue de 97,8%, calculada con el método oficial: gasto ejecutado sobre el presupuesto total aprobado. El 99,2% divulgado en conferencia de prensa corresponde a lo que la Dirección Financiera denominó “ejecución sin efecto bloqueo”, que excluye los ¢38.000 millones que Hacienda decidió bloquear durante el año, pero que forman parte del presupuesto de ley aprobado para esta cartera.
Al reducir el presupuesto considerado, el MEP logra aumentar el porcentaje. El problema no es técnico, sino comparativo: los datos históricos sí usan el presupuesto completo y, por lo tanto, el 2010 continúa siendo el año de mayor ejecución: 98,9%.
Pero hay una segunda dimensión igual de relevante no mencionada en la conferencia: qué tipo de gasto explica estos altos porcentajes. El último Informe del Estado de la Educación recuerda que cerca del 97% del presupuesto del MEP se destina a remuneraciones y transferencias. Ambos rubros requieren una gestión administrativa simple: pagar planillas y girar recursos a terceros para que sean estos quienes los utilicen. Por eso, su ejecución suele rondar el 99%.
La historia cambia cuando se analiza el componente que sí exige capacidad operativa del MEP: la contratación de bienes y servicios. Aunque representa menos del 3% del presupuesto, es el rubro clave para la infraestructura, el equipamiento y los servicios educativos. Históricamente, su ejecución ha sido baja e irregular. Con datos preliminares a noviembre de 2025, este componente mostraba apenas un 58% de ejecución. Aun si diciembre mejora esa cifra y supera el 60%, el patrón persiste: cuando el MEP debe ejecutar directamente, los niveles no son óptimos.
Así, el debate no debería centrarse en si se alcanzó o no un “récord” agregado. La pregunta de fondo es otra: ¿se está ejecutando mejor donde más importa para transformar las condiciones educativas? Y, de paso: si el Ministerio de Hacienda dispone de plazo hasta la primera quincena de febrero para efectuar los ajustes requeridos al presupuesto 2025 y presentar la liquidación definitiva ante la Asamblea Legislativa, ¿por qué anunciar la ejecución presupuestaria con cifras preliminares y ajustadas a conveniencia, a pocos días de las elecciones?
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Andrés Fernández Arauz es economista.
