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Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, describió el deterioro social costarricense como “una bomba de tiempo” incompatible con el ideal del Estado social de derecho. El modelo enfatiza la libertad y la eficiencia económica, pero también la justicia social y, en ese ámbito, el país está rezagado.
La desigualdad aumenta a paso acelerado y crea tensiones insostenibles a mediano plazo, no solo entre afortunados y necesitados, sino también entre regiones, particularmente, la central y el resto del país. Es necesario revisar los mecanismos de redistribución de la riqueza, pero no solo en monto y eficacia de la recaudación de tributos, sino también en su inversión.
La red de seguridad social se viene deteriorando bajo el peso de la burocracia y el clientelismo. A falta de eficacia de esa correa de transmisión de recursos a los más necesitados, las diferencias se ensanchan. El magistrado comentó, por ejemplo, el aumento en la cantidad de recursos de amparo contra el Instituto Mixto de Ayuda Social a consecuencia del aumento de la pobreza, pero todavía hay trabajo por hacer para incrementar la proporción de la ayuda entregada a los beneficiarios en relación con el costo de administrarla.
Existen las llamadas “fugas” que benefician a quienes no califican para recibir la ayuda, pero la mayor fuga del gasto social se produce a vista y paciencia de todos. En las universidades públicas, graduados de colegios privados donde toda la vida pagaron altas mensualidades gozan de becas.
Las pensiones desproporcionadas en relación con las cotizaciones del beneficiario consumen ríos de recursos mientras las jubilaciones del Régimen No Contributivo apenas permiten la subsistencia de sus receptores. Hay una preocupante informalidad del 44 %, pero la inspección del trabajo carece del personal necesario mientras el Instituto Costarricense de Electricidad apenas hace esfuerzos cosméticos para reducir su planilla pese al cese de las actividades de construcción.
Estudios de alto nivel documentan el papel de las políticas salariales del sector público en el aumento de la desigualdad registrada en los últimos años. Mientras se deterioran los servicios de salud, la Caja piensa en “institucionalizarlos” en lugar de extender el uso de esquemas más baratos y satisfactorios.
La discusión es más compleja que la habitual atribución de la brecha a los sectores más afortunados. Si lo ignoramos, nunca habrá recursos suficientes.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
