Juan Carlos Hidalgo. 1 diciembre

Dicen que en guerra avisada no muere soldado, pero las advertencias sobre la insostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS datan de hace dos décadas y, aun así, poco se ha hecho para evitar el inminente descalabro. La razón es sencilla: se trata de un tema que no es sexi —no gana portadas en revistas internacionales— y cuya compleja solución se le ha podido heredar al próximo gobierno… hasta ahora.

Pero el tiempo ya se agotó. El último estudio actuarial de la CCSS calcula que los problemas de insolvencia del IVM empezarán en el 2021 y que, para el 2037, se agotará la reserva de dicho fondo. Ese año, no habrá plata para pagarles la pensión a los cientos de miles de trabajadores que cotizaron durante su vida laboral. El esquema Ponzi se habrá consumado.

Por supuesto, no habrá que esperar hasta el 2037 para sufrir las consecuencias. Con el fin de alargar la agonía del IVM, la CCSS está contemplando una serie de medidas que incluyen aumentar la edad de retiro, recortar drásticamente el monto de las pensiones —lo cual dejará en vulnerabilidad extrema a los futuros jubilados— y aumentar las cargas sociales.

Este último punto es de gran cuidado. Actualmente la cotización tripartita al IVM es del 10,16 %, pero, según el estudio de la CCSS, esta tendría que ser del 24,8 %, “Si el objetivo fuera financiar el déficit a través de una prima media general”. El problema es que Costa Rica ya cuenta con las cargas sociales más altas de América Latina y estas son en gran medida responsables por los crecientes niveles de desempleo e informalidad que caracterizan al mercado laboral.

El riesgo consiste en caer en una espiral de muerte en la cual la CCSS aumenta las contribuciones, lo que incrementa el desempleo y la informalidad —es decir, hay menos trabajadores cotizando—, lo que, a su vez, deteriora aún más las finanzas de la Caja y lleva a que se planteen mayores aumentos en las cargas sociales. Es más, si consideramos que la tasa de desempleo es del 11,9 % y la informalidad del 46,1 % de la población económicamente activa, resulta evidente que ya estamos en dicha espiral.

Ya no hay margen para patear más la bola. Le corresponde a la administración Alvarado convocar a un diálogo nacional urgente para determinar las reformas estructurales —no los parches— que requiere el sistema nacional de pensiones.

El autor es analista de políticas públicas.