EscucharLas políticas educativas deben sostenerse sobre evidencia y planificación. Sin embargo, en los últimos tres años, el Ministerio de Educación Pública ha tomado decisiones que contradicen datos, estudios y advertencias técnicas. Cuatro casos ilustran esta tendencia.
El primero fue la eliminación de las pruebas FARO. A pesar de que algunas instituciones habían avalado su calidad técnica, el MEP la eliminó y anunció nuevas pruebas estandarizadas que hoy también serán sustituidas. No existe un plan nacional de evaluación ni una línea base que permita comparar resultados. El país pasó de discutir cómo usar los datos para mejorar a no tener datos en absoluto.
El segundo fue el finiquito del convenio con la Fundación Omar Dengo. El MEP terminó el Pronie sin contar con un sustituto operativo. La Contraloría advirtió después sobre la ausencia de planificación y constató que, dos años más tarde, no se había recuperado el equipo tecnológico. La brecha digital volvió a crecer, no por falta de recursos, sino por mala gestión.
El tercero fue la eliminación del programa de educación sexual y afectividad. Entre 2012 y 2023, la tasa de nacimientos en madres adolescentes bajó de 19% a 9%, en parte gracias a esa política. Aun así, el Consejo Superior de Educación la suprimió sin presentar ningún estudio que demostrara daños o fallas y con argumentos morales ajenos al análisis técnico. Los datos del MEP indican que el 70% de los estudiantes participaban en el programa, no el 30% que alegó la exministra.
El cuarto y más reciente fue la prohibición del uso de celulares en las aulas. A diferencia de las decisiones anteriores, esta sí tiene evidencia internacional que la respalda en contextos específicos. Pero el MEP nunca citó esa evidencia, solo señaló los dispositivos como distractores sin haber demostrado impactos negativos sobre el proceso educativo.
Estos episodios tienen un hilo común: ausencia de diagnóstico, improvisación y desdén por la técnica. No se trata solo de errores administrativos; se trata de la pérdida de una cultura de gestión pública basada en datos. Como advirtió el Décimo Informe del Estado de la Educación, a los rezagos acumulados se sumó un nuevo factor que agrava la crisis: una gestión errática y sin dirección desde 2022.
Andrés Fernández Arauz es economista.
