¿Cuánto vale una persona?

La pregunta parece absurda. Desde hace décadas, los derechos humanos se plantean desde una respuesta aparentemente sencilla: una persona no tiene precio. Su valor no depende de su riqueza, productividad, nacionalidad, utilidad económica o posición social. Precisamente por eso hablamos de igual dignidad humana.

Sin embargo, basta observar con atención nuestras sociedades para advertir una paradoja inquietante. Aunque afirmamos que toda persona posee igual dignidad intrínseca, con frecuencia terminamos valorando a los seres humanos por aquello que producen, consumen o aportan. El éxito económico, la eficiencia, el rendimiento, la capacidad de competir o incluso la influencia en redes sociales suelen convertirse en criterios de valoración más visibles que la propia dignidad.

La reciente encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, resulta interesante precisamente porque recupera esta tensión. Más allá de las convicciones religiosas de cada persona lectora, el documento vuelve sobre una idea que constituye uno de los fundamentos filosóficos de los derechos humanos: la persona es un fin en sí misma y no un simple instrumento al servicio de otros fines.

La afirmación posee una evidente resonancia kantiana. Tratar a alguien como un fin significa reconocer que existe algo en la condición humana que no puede reducirse a cálculos de utilidad. Significa admitir que hay límites éticos que no deberían ser traspasados incluso cuando hacerlo resulte eficiente, rentable o conveniente. En otras palabras, supone reconocer y aceptar que existen dimensiones de la vida humana cuyo valor no puede expresarse en términos de productividad, beneficio o rendimiento.

Esta idea no constituye un detalle filosófico secundario. De hecho, representa uno de los pilares sobre los que se edificó el sistema contemporáneo de derechos humanos. La dignidad humana no es una consecuencia de los derechos; es su fundamento. No afirmamos que una persona posee dignidad porque tiene derechos. Sostenemos exactamente lo contrario: reconocemos derechos porque asumimos que toda persona posee una dignidad previa que debe ser respetada y protegida.

Vista desde esta perspectiva, la dignidad opera como un límite al ejercicio del poder, al igual que los derechos humanos que surgen en su nombre. Su función es recordar que ni el Estado, ni el mercado, ni ninguna institución pueden disponer libremente de los seres humanos.

Los derechos humanos surgieron y fueron reivindicados precisamente para impedir que determinadas personas o grupos fueran tratados como objetos sacrificables en nombre de intereses políticos, económicos o sociales considerados superiores. Detrás de cada derecho existe una misma preocupación: evitar que alguien sea reducido a la condición de instrumento.

Sin embargo, las sociedades contemporáneas parecen desenvolverse dentro de una tensión permanente con este principio. Buena parte de nuestras prácticas económicas y culturales descansan sobre mecanismos que clasifican, comparan y valoran a las personas según su utilidad.

El trabajador es evaluado por su productividad; el estudiante, por su rendimiento; el consumidor, por su capacidad de compra, y el usuario digital, por la atención y los datos que genera. Nada de ello resulta necesariamente ilegítimo. Toda sociedad necesita producir riqueza, organizar el trabajo y asignar recursos.

El problema aparece cuando esos criterios dejan de ser instrumentos y comienzan a transformarse en la medida principal del valor humano.

Es en este punto donde la encíclica adquiere relevancia más allá del ámbito religioso. Su principal aporte no consiste en ofrecer respuestas técnicas sobre inteligencia artificial, economía o desarrollo tecnológico. Su contribución es más básica y, precisamente por ello, más incómoda. Nos obliga a preguntarnos si realmente seguimos creyendo en la idea de que toda persona posee un valor intrínseco o si esa convicción ha sido desplazada gradualmente por una lógica que premia la utilidad, la eficiencia y el rendimiento.

La pregunta resulta especialmente pertinente en un momento histórico marcado por tecnologías capaces de clasificar, perfilar y predecir comportamientos humanos a una escala sin precedentes.

Pero el desafío es más amplio que la inteligencia artificial. Lo que está en juego es la forma en que concebimos a los seres humanos y el lugar que ocupa la dignidad dentro de nuestras estructuras económicas, políticas y culturales, ahora bajo la gran capa tecnológica.

Tal vez la principal enseñanza de la encíclica no sea teológica, sino profundamente política. Nos recuerda que los derechos humanos descansan sobre una afirmación radical: que cada persona posee un valor que no depende de su productividad, de su capacidad de consumo, de su utilidad social ni de su rendimiento económico.

La pregunta es si nuestras sociedades todavía creen realmente en esa afirmación o si la han reducido a una fórmula retórica mientras organizan buena parte de su vida cotidiana según principios muy distintos.

JOSEDANIEL.RODRIGUEZ@ucr.ac.cr

José Daniel Rodríguez Arrieta es politólogo, M. Sc. en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).