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Las fallas de la administración de justicia en Costa Rica afectan con mayor severidad a las personas y grupos en condición de vulnerabilidad. Estas poblaciones enfrentan barreras múltiples –económicas, territoriales, culturales y administrativas– que dificultan o impiden el ejercicio efectivo de su derecho humano de acceso a la justicia.
Mientras para una persona en la capital del país los trámites judiciales ya pueden resultar complejos y costosos, para una trabajadora migrante en la zona norte, por ejemplo, el acceso a un juzgado de violencia doméstica o laboral representa un camino lleno de obstáculos.
Estos obstáculos se encuentran tanto dentro como fuera del Poder Judicial. Entre las dificultades externas, destacan las prácticas discriminatorias, la distancia geográfica, la falta de información y la ausencia de servicios de asesoría legal gratuita. Algunas dificultades superan las competencias del Poder Judicial y su eliminación depende de la intervención de otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, que permitirían un abordaje más integral de las vulnerabilidades, no solo legal.
En el ámbito interno –es decir, cuando la persona ya ha logrado llegar a una oficina judicial–, las dificultades persisten e incluyen desde la actitud y el nivel de conocimiento del personal y el uso de lenguaje técnico, hasta deficiencias más generales relacionadas con la planificación institucional, insuficiencia presupuestaria y la falta de seguimiento estratégico y evaluación de políticas públicas judiciales.
Acciones
El Poder Judicial ha demostrado su interés en estas problemáticas con la aprobación de ocho políticas específicas para ampliar el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables. Muchas de ellas retoman compromisos internacionales del país con instrumentos legales o normativa nacional. Este desarrollo es analizado en dos capítulos del Informe Estado de la Justicia 2025, uno dedicado a violencia contra las mujeres y otro de acceso a la justicia de migrantes y refugiados.
Entre el 2010 y el 2023, se documentaron 264 acciones aprobadas por la Corte Suprema o el Consejo Superior del Poder Judicial, dirigidas a la población migrante y refugiada, y 221 enfocadas en mujeres. Este avance ha permitido la creación de instancias especializadas como la Secretaría de Género, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y la Subcomisión de Acceso a la Justicia para personas migrantes y refugiadas; esta última, una de las únicas comisiones que cuenta con participación de otras instituciones públicas y la sociedad civil.
Las capacitaciones son medidas frecuentes pero limitadas en cobertura e impacto. Por ejemplo, en el 2024, solo 149 funcionarios judiciales habían recibido formación sobre refugio y apatridia.
Estas iniciativas, en general, han tenido una implementación limitada, carecen de recursos y seguimiento suficientes. Así, las políticas diseñadas no logran traducirse en mejoras concretas para los grupos destinatarios.
Esto se refleja en una respuesta jurisdiccional insatisfactoria. En materia de violencia contra las mujeres, el 80% de las denuncias se desestiman. Solo un 13% de los casos llegan a juicio, y los que alcanzan esa etapa enfrentan tiempos alarmantes.
En el caso de la población migrante y refugiada, aunque entre el 2023 y el 2024 la Sala Constitucional triplicó la cantidad de expedientes resueltos en materia de migración, en comparación con años anteriores, apenas el 11% resultó favorable para la persona demandante. Muchos reclamos contra la lentitud de la Dirección General de Migración y Extranjería, con esperas de hasta cinco años, se rechazan en la Sala, indicando que corresponde acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, en el cual los procesos son aún más prolongados y costosos.
Persiste un déficit de información estadística desagregada que impide conocer cómo se resuelven los casos según las características de las poblaciones protegidas por las políticas judiciales. Por ejemplo, no hay registros del tipo de procesos iniciados por personas migrantes o refugiadas, ya que no se documenta su estatus migratorio, a pesar de que una política judicial específica (la PIMR) ordena hacerlo desde el 2010.
Problema de fondo
Las dificultades operativas son parte importante del problema, pero no son la única explicación. Existe una dificultad de fondo que obstaculiza dar seguimiento a la ejecución de las políticas y adoptar oportunamente las medidas para resolver las debilidades: el estilo de gobernanza del Poder Judicial, que concentra todas las decisiones sustantivas en la Corte Suprema de Justicia.
La Corte no es solo la máxima instancia jurisdiccional, sino, además, la encargada de definir las políticas judiciales, y también es la responsable principal de la gestión administrativa, incluyendo las decisiones microadministrativas. Así, un órgano colegiado de juristas aprueba y debe valorar la ejecución de las políticas, programas e iniciativas que ha avalado. En estas condiciones, tiene grandes dificultades para tomar oportunamente las medidas correctivas o estratégicas de adaptación cuando algo no está funcionando.
Pese a haber aprobado la mayoría del programa de reformas “urgentes” tras el escándalo del “cementazo” en el 2017, la Corte Suprema de Justicia rechazó la desconcentración del gobierno judicial y, entre el 2020 y el 2023, duplicó los asuntos administrativos que resolvió.
Sin mecanismos de seguimiento efectivos ni consecuencias institucionales por el incumplimiento de sus propias políticas, el sistema judicial puede, sin proponérselo, reproducir las inequidades que las políticas judiciales innovadoras procuran resolver.
La justicia, en lugar de ser una herramienta de protección para las personas más vulnerables, se convierte en un espacio lejano. Urge repensar la gobernanza judicial desde una lógica más inclusiva, en la que las personas son el fin último. Para ello se debe, entre otras cosas, echar mano de las tecnologías que tan provechosas resultaron en la pandemia y propiciar mucha participación y colaboración propias de la justicia abierta.
evelynvillarreal@estadonacion.or.cr
Evelyn Villarreal Fernández es coordinadora del Informe Estado de la Justicia.
