Esta historia no es aislada. Es el reflejo de una cadena de errores de gestión que ha saboteado silenciosamente las condiciones básicas del sistema educativo desde 2023. La contralora general lo resumió esta semana: “Persiste una reticencia sostenida para atender disposiciones y advertencias. La indiferencia y la lentitud mostrada contribuyen al retraso del cierre de la brecha digital”. A pesar de auditorías, órdenes y advertencias, la descoordinación es crónica.
El caso de los dispositivos de Fonatel lo ilustra. La Sutel entregó los equipos entre 2022 y 2023. Pero el MEP, responsable de activar su uso, suspendió las entregas, demoró su distribución y no aplicó el protocolo de préstamo previsto. Como resultado, en 2024, apenas el 53% de los dispositivos había mostrado señales de uso efectivo.
Más grave aún, recientes declaraciones del ministro de Educación han distorsionado los hechos. No fue el gobierno anterior el que tardó cuatro años en comprar los equipos: la compra tomó un año y la distribución falló por la gestión del MEP. No es cierto que los dispositivos fueran pensados para quedarse en los centros educativos: debían prestarse a estudiantes vulnerables. Y no es correcto afirmar que siempre estuvieron funcionando: fue hasta que hubo presiones de la Contraloría, a finales del 2024, que el MEP forzó una actualización de inventarios.
Los datos son claros. El problema no es de recursos. Es de ejecución. Gestionar contratos y asegurar el mantenimiento de computadoras son tareas administrativas básicas. Pero cuando fallan, afectan directamente la práctica pedagógica, limitan las oportunidades y perpetúan desigualdades. Ordenar la gestión tecnológica del MEP no es un lujo: es una deuda urgente con cada estudiante del país.
affa17@gmail.com
Andrés Fernández Arauz es economista.
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