La Sala Constitucional suspendió esta semana el concurso para asignar frecuencias de radio y televisión. El magistrado instructor señaló un riesgo plausible: que la baja participación del proceso genere una reducción significativa de los servicios radiofónicos y televisivos del país.
Los datos lo respaldan. De 98 concesionarios vigentes, solo se presentaron 25 ofertas: 20 para FM, 1 para AM y 4 para televisión. Más de 60 emisoras –en su mayoría regionales, culturales, comunitarias o religiosas– no participaron. La Cámara de Radiodifusión estima unos 5.000 empleos potencialmente comprometidos.
Más allá del litigio, el dato central es otro: ¿qué sucede cuando un país enfrenta una contracción abrupta de su ecosistema de medios abiertos? En decenas de cantones, la radio y la televisión abierta siguen siendo la principal vía para acceder a información, cultura, avisos comunitarios y alertas en emergencias. Su rol territorial es insustituible.
La evidencia internacional es consistente. Estudios de la Unesco, la CIDH y otros muestran una relación robusta entre diversidad de medios y mejores indicadores de democracia, participación cívica y control ciudadano.
Cuando la oferta se reduce y se concentra, tienden a ampliarse las brechas informativas y territoriales. El impacto no es solo democrático. La posible desaparición de radios locales implica perder canales de valor económico y social: espacios para pymes, promoción turística, difusión cultural y comunicación en emergencias, y también afecta la calidad de la información disponible para decisiones públicas y privadas. Es, en términos prácticos, un elemento más de la competitividad territorial.
La suspensión cautelar no cierra el proceso; abre una ventana para revisarlo. Modernizar el espectro es necesario y financiar la conectividad también. Pero un diseño que reduzca drásticamente la oferta de medios puede comprometer objetivos igualmente relevantes: pluralidad, acceso territorial y resiliencia informativa.
La decisión de fondo es cómo equilibrar modernización con diversidad. En un país donde la brecha digital convive con la desigualdad territorial, lo que está en juego no es solo quién obtiene una frecuencia, sino cuán amplio será el conjunto de voces que podremos seguir escuchando.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
