El Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) publicó este viernes 7 de noviembre el quinto informe de competitividad nacional, y el resultado es claro: seguimos siendo un país de contrastes.
Según el Índice de Competitividad Nacional 2025, el país alcanza 56,2 puntos sobre 100, tras un leve repunte de 1,7 puntos en el último año. Pero el nivel general sigue siendo bajo, y las brechas entre provincias se mantienen: Heredia lidera, seguida de Cartago, San José y Alajuela, mientras que Puntarenas, Guanacaste y Limón continúan rezagadas. El factor que explica la mejora en el último año es la conectividad digital. La expansión y calidad del Internet fijo impulsaron el 73% del crecimiento del índice entre el 2024 y el 2025.
De acuerdo con la Superintendencia de Telecomunicaciones, el país casi duplicó la velocidad promedio disponible para hogares y empresas, y consolidó al sector de telecomunicaciones como su motor más dinámico. Sin embargo, otros pilares muestran señales de alerta. La salud retrocede, con la tasa de mortalidad infantil más alta en una década, y la seguridad pública vive su peor momento en 30 años, con tasas de homicidio que superan los 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes desde el 2022. Los resultados cantonales refuerzan la desigualdad territorial. Solo 17 cantones superan los 60 puntos de desempeño competente, y apenas cuatro están fuera de la Gran Área Metropolitana. En el otro extremo, 16 cantones muestran rezagos severos en acceso a agua potable, conectividad, calidad del servicio eléctrico y seguridad ciudadana.
El Índice también revela vacíos en la medición del talento humano. La eliminación del bachillerato y los cambios constantes en los sistemas de evaluación del MEP impiden contar con indicadores comparables de calidad educativa. Sin esa brújula, medir el progreso real se vuelve casi imposible. De cara al futuro, el CPC propone una agenda de acción basada en el Plan Estratégico Nacional 2050: recuperar niveles perdidos en seguridad y salud, consolidar avances en conectividad y educación, y reactivar el progreso en infraestructura local. Alcanzar una Costa Rica más competitiva al 2030 requerirá algo más que diagnósticos: exigirá visión de Estado, consistencia y acuerdos de largo plazo. Porque medir es necesario, pero actuar es urgente.
Andrés Fernández Arauz es economista.