El 8 de noviembre de 1949 era martes, y ese día entró en vigor la Constitución. Si no fuera por eso, nadie lo recordaría. El nuevo texto fue aprobado el día anterior. Por obra de las circunstancias, fue menos un producto novedoso que resultado de la reforma del que la precedió; en los años sucesivos, la gente conservó la costumbre de llamar por su antiguo nombre órganos de gobierno que habían sido rebautizados: la nueva Asamblea Legislativa siguió siendo coloquialmente el Congreso.
La inauguración de la Constitución no estuvo rodeada de la pompa que cabría esperar. Se deslizó casi imperceptiblemente en la vida nacional, que mientras tanto iba consumiendo la energía política que acrisolaron los acontecimientos de los años 40 y adoptando el contorno que estos le dieron. Contra el escepticismo de algunos, ha tenido larga vida, tal vez porque no despertó nunca emociones o expectativas intensas, o porque no tuvo carácter disruptivo de nuestra tradición constitucional.
La tentación de hacer una profunda enmienda de la Constitución y darle un rostro fresco ha estado presente casi desde el día siguiente de su entrada en vigor. Tanto así que no más llegar a la mayoría de edad, en 1968, se modificó el mecanismo que permite la reforma general, para facilitarla: inútilmente, porque la humilde carta, huérfana de entusiasmo y apoyo, ha resistido los embates del tiempo y de alguna manera se ha consolidado. Mientras tanto, se derribó el Palacio Nacional, el recinto donde se la concibió, y uno a uno fueron desapareciendo los constituyentes a los que se debe su factura.
La enmienda parcial ha sido el remedio para aliviar el empeño reformista de un texto que suma casi a partes iguales años y modificaciones. Algunas son ilustrativas de la constitucionalización de pactos políticos necesitados de garantías reforzadas de cumplimiento: así, por ejemplo, el artículo 96, que al principio se limitaba a proteger las remuneraciones de los servidores públicos, se fue expandiendo para regular el aporte del Estado para sufragar los gastos de los partidos políticos y someter al principio de publicidad las contribuciones privadas a estos.
Para mi gusto, la enmienda más notable fue la creación, en 1989, de la Sala Constitucional. Fortaleció la defensa de la Constitución, rediseñó las relaciones de los poderes públicos y reforzó los derechos fundamentales. El resultado ha sido un profundo cambio de nuestra cultura jurídica.
carguedasr@dpilegal.com
El autor es exmagistrado.
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