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La incorporación de criterios de calidad al modelo tarifario del transporte público es una lucha permanente, con pocos avances y muchos fracasos. Una y otra vez las buenas intenciones se estrellan contra intereses imbatibles, bien representados en el Consejo de Transporte Público (CTP), una de esas instituciones donde, en nombre de la participación democrática, los zorros se encargan de cuidar el gallinero.
A mediados de los noventa —pronto se cumplirán tres décadas— el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) contrató caras asesorías para incorporar la calidad a los modelos vigentes. Luego, sometió los resultados a discusión y, como suele ocurrir en esta materia, los participantes acordaron ordenar nuevos estudios.
Así llegamos al 2000, y los defensores de los usuarios festejaron la publicación de un decreto, pero el diablo está en los detalles. Faltaban los manuales de evaluación, la tramitación de varios cuestionamientos legales y satisfacer el reclamo de recursos planteado por el CTP.
Catorce años más tarde, la Defensoría de los Habitantes intentó obligar al CTP a exigir los estudios de calidad mediante una acción presentada ante el Tribunal Administrativo de Transportes. En el 2015 se dio la primera evaluación, incompleta, carente de seguimiento y, ¡cómo no!, ejecutada por las propias empresas. El mismo MOPT admitió su desconfianza en los resultados.
El proceso es muy similar al de la eternamente planeada sectorización y su hermano gemelo, el cobro electrónico, todavía inexistente para los efectos más relevantes. Mientras se acepte el pago en efectivo, la demanda no podrá ser precisada y las tarifas seguirán fijándose según la información brindada por los transportistas.
Ahora, representantes de cinco partidos políticos dieron dictamen favorable a un proyecto de ley para elevar de 15 a 20 años la antigüedad permitida a los autobuses de servicio público. La relación entre calidad y antigüedad es obvia. El límite existe precisamente por eso y por la ineficiencia económica de los autobuses obsoletos.
El Área Técnica del CTP se opuso a extender la ampliación, que había sido aprobada para auxiliar a las empresas durante la pandemia. Los diputados rehusaron escuchar. Tampoco pusieron atención a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), opuesta al proyecto por su potencial de encarecer los pasajes, dado el gasto en mantenimiento y repuestos exigido por las unidades más viejas. La calidad, por su parte, sigue entre las materias pendientes.
agonzalez@nacion.com
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
