Hecho incuestionable: el transporte público en Costa Rica es malo, ineficiente, contaminante y, agrego, irreformable. De las pocas certezas en la vida es que toda administración de gobierno entrante promete un ambicioso plan de modernización que tras cuatro años termina en nada. Y, en consecuencia, el servicio de transporte sigue deteriorándose, ahogado en promesas incumplidas.
La pregunta es por qué. Quisiera destacar tres posibles explicaciones. La primera es de carácter sociológico. Los usuarios del transporte público son las clases trabajadoras y, en general, la población de menores ingresos. Ni políticos ni personas acomodadas lo usan y, por tanto, no les interesa mejorarlo, pues no lo sufren. A ellos les preocupan otras cosas: tasas de interés e impuestos bajos para comprar autos. No es casual, entonces, que en Costa Rica, a diferencia de otras sociedades, el transporte público sea un pobre servicio para pobres. Y los usuarios, sociológicamente débiles, enfrentan, además, un problema de acción colectiva: aunque juntos son millones, organizarlos y movilizarlos es difícil.
La segunda razón es institucional. El marco legal a cargo de la definición de las políticas y regulación del servicio de transporte público promueve el conflicto entre entidades y su captura por los concesionarios. Da competencias superpuestas al Consejo de Transporte Público (CTP), ente adscrito al MOPT, y a la Aresep, duplicación que genera una pugna constante e irresoluble entre ellas y, en consecuencia, parálisis. Además, la ley sentó en la Junta Directiva del CTP a los buseros y taxistas, por lo que los gatos terminaron repartiendo la leche. Así las cosas, del CTP no saldrá otro impulso que no sea el de la perpetua reafirmación del statu quo.
La tercera razón es político-electoral. Los empresarios autobuseros más grandes han sido tradicionales financiadores de partidos políticos. Aparte de la buena voluntad que han conseguido con esa plata, ello les ha facilitado colocar sus fichas en puestos claves del Congreso, el Ejecutivo y, por supuesto, el CTP. Esa cuota de poder de veto a cualquier propuesta de reforma a la prestación del servicio, sea la entrada de buses eléctricos, el pago digital o el cumplimiento de una obligación elemental afecta a la población que transportan. Hoy asistimos otra vez a la misma película, como en Semana Santa, solo que peor.
vargascullell@icloud.com
El autor es sociólogo, director del Programa Estado de la Nación.
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